Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003)

 

   La fuente del Poder Judicial se encuentra en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aprobada en 1952, que creó el Tribunal Supremo de Puerto Rico como el tribunal de última instancia y estableció un sistema judicial unificado e integrado. En el orden constitucional se le dio al Poder Judicial la responsabilidad de mantener la confianza del pueblo y de asegurarle a cada puertorriqueño y puertorriqueña el disfrute pleno de sus derechos así como de sus responsabilidades. Luego de la Constitución de 1952 se aprobaron diversas leyes para poner en vigor los principios allí consignados.

   La Rama Judicial ha propiciado estudios y reformas necesarias para implantar el mandato constitucional y lograr que el sistema de justicia sea de la mejor calidad, rápido, económico y accesible. Dichos estudios han recomendado que se sitúe a la Rama Judicial en la vanguardia con el uso de tecnología electrónica; con métodos alternos para solucionar disputas, con desvío de casos de su entorno contencioso, consolidación de sesiones del Tribunal de Primera Instancia, que se provea una oportunidad de justicia apelativa, que se agilice el manejo de los casos y que se establezcan normas y estándares de tiempo para su procesamiento.

   Se ha dado énfasis, además, a la necesidad de fortalecer la independencia del Poder Judicial, para que esta rama de gobierno sea autónoma, independiente y libre de presiones indebidas. Se ha señalado la necesidad de establecer un sistema autónomo para la creación de las sedes de los tribunales y crear un sistema de mérito para la selección de los jueces. Esto, unido a las tendencias mundiales y de Puerto Rico que se prevé afectarán al sistema judicial en los próximos años, entre ellas, el envejecimiento de la población y el movimiento de las zonas rurales, a las zonas urbanas, seguirán presentando retos para los tribunales.

   Las transformaciones en la familia, una brecha mayor entre pobres y ricos, la economía de la droga y el reclamo para que se armonice la protección del ambiente con el desarrollo económico son algunos de los factores que traerán alzas en las controversias y más presión sobre los tribunales.

   Asimismo la globalización de la tecnología informática como fuerza unificadora conllevará una reestructuración de la economía que implicará grandes cambios en el derecho procesal.

   También se continuará exigiendo más del sistema judicial con la aprobación de leyes con beneficios para veteranos, menores de edad, personas de edad avanzada y de escasos recursos económicos, el aumento en la conducta antisocial, la participación de los tribunales en la lucha contra el crimen y la criminalización de conducta.

   Ante esta realidad es necesaria una transformación, tanto del sistema de justicia, como de la visión y el efecto de éste sobre los ciudadanos.

   Es responsabilidad de todos propiciar un sistema de justicia en el que se provea acceso inmediato y económico para atender los reclamos de la ciudadanía, que sea sensible a la realidad particular de los distintos componentes de nuestra sociedad, y que informe a la, ciudadanía sobre sus derechos y responsabilidades, así como de todos los aspectos del proceso judicial.

   Por tanto, se hace imprescindible proveer a la Rama Judicial de los mecanismos que se requieren para enfrentar los retos que se anticipan. A tal efecto, la presente Ley tiene los siguientes propósitos:

  1. Fortalecer a la Rama Judicial en todas sus dimensiones, otorgándole facultad sobre las determinaciones de las sedes y las salas de los tribunales.

  2. Promover una pronta solución de los casos y controversias, al permitir al Juez Presidente del Tribunal Supremo la revisión de las competencias de cada tribunal, asignando y reasignando competencias de la manera más eficiente y equitativa dirigida a una mejor distribución de la carga judicial y permitiéndole además designar jueces para atender asuntos especiales y de superior jerarquía; así como conceder compensaciones adicionales a aquellos jueces que demuestren su compromiso en el servicio judicial.

  3. Atender los reclamos de la ciudadanía de contar con una Judicatura altamente cualificada con el comportamiento y el temperamento judicial que requiere la delicada función de impartir justicia, adoptar Cánones de Ética Judicial que reflejen la expectativa de la sociedad respecto a la Judicatura, mediante el reconocimiento de la relación fiduciaria que debe existir entre el Juez y la comunidad, y establecer programas educativos compulsorios para los miembros de la Judicatura.

     

     

     

  4. Proveer a la Rama Judicial con los mecanismos necesarios para responder rápidamente a los cambios y procesos judiciales expeditos e institucionalizar métodos alternos en la solución de conflictos.

  5. Disponer un mayor acceso efectivo a los tribunales; reconocer la necesidad de representación legal de oficio a personas de escasos recursos económicos; establecer programas de educación ciudadana y orientación a las partes, a través de materiales educativos que faciliten el entendimiento de las controversias legales y orientar sobre los derechos y responsabilidades de los ciudadanos.

  6. Adoptar una clara y precisa política pública que reconozca la necesidad de una Rama Judicial independiente, eficiente, con un enfoque sensible y humanista.

       En virtud de la presente Ley, se reconoce y afirma que la Rama Judicial será independiente, accesible y cumplirá sus servicios de manera equitativa, rápida, económica, sensible y con un enfoque humanista. La Judicatura estará altamente...

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