Ley Núm. 125 de 24 de junio de 2012, para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, conocida como 'Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba', a los fines de facultar a los oficiales correccionales a gestionar, por sí o en coordinación con funcionarios del orden público, el arresto inmediato de aquellos probandos que violenten las condiciones impuestas para la libertad a prueba; eliminar el requisito de la vista ex parte sobre determinación de revocación de la libertad a prueba, y reservar su celebración para aquellas circunstancias en que, habiendo ponderado las circunstancias del caso, el Ministerio Público lo considere necesario; y para otros fines relacionados.

EventoLey
Fecha24 de Junio de 2012

(P. de la C. 3874)

LEY NUM. 125

24 DE JUNIO DE 2012

Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, conocida como “Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba”, a los fines de facultar a los oficiales correccionales a gestionar, por sí o en coordinación con funcionarios del orden público, el arresto inmediato de aquellos probandos que violenten las condiciones impuestas para la libertad a prueba; eliminar el requisito de la vista ex parte sobre determinación de revocación de la libertad a prueba, y reservar su celebración para aquellas circunstancias en que, habiendo ponderado las circunstancias del caso, el Ministerio Público lo considere necesario; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La rehabilitación moral y social de los que infringen la ley y violentan el pacto social es una responsabilidad del Estado. En virtud de ello, y con el transcurso del tiempo, se han generado varios programas dirigidos a promover dicha rehabilitación sin que los ofensores tengan que experimentar, durante toda o parte de su sentencia, los efectos negativos del confinamiento. Entre éstos se destacan la libertad bajo palabra, la libertad a prueba, el pacto de reciprocidad, la supervisión electrónica y los programas de desvío.

La libertad a prueba, también conocida como probatoria, es concedida únicamente a primeros ofensores que cumplen con los requisitos establecidos para cualificar para una sentencia suspendida. La misma está regulada por la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, conocida como “Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba” (“Ley Núm. 259”). Dicha Ley establece un sistema mediante el cual se le concede a un convicto el beneficio de cumplir con su sentencia fuera de la cárcel mientras mantenga una buena conducta y cumpla ciertas condiciones. Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 D.P.R. 530, 535 (1999). Su propósito es hacer viable la política pública de rehabilitación y minimizar los efectos indeseados que las sanciones penales pueden tener en las personas convictas, fomentando así su rehabilitación y reintegración a la sociedad. Id. a la pág. 536.

Sin embargo, debemos tener presente que “[e]l disfrute de una sentencia suspendida es un privilegio y no un derecho”. Id. Por tanto, los ofensores que gozan de este privilegio están sujetos al estricto cumplimiento de las condiciones y obligaciones impuestas. Tales exigencias, a su vez, parten del interés del Estado de salvaguardar la seguridad pública o de la comunidad y, muy en especial, la seguridad de las víctimas de los delitos por los cuales fueron convictos los beneficiarios de la probatoria. Las condiciones se establecen caso a caso, ponderando las circunstancias particulares del probando y la naturaleza de la convicción.

El incumplimiento de las condiciones de la probatoria conlleva la revocación del privilegio y el encarcelamiento del ofensor. No obstante, aun cuando se trata de personas previamente convictas por la comisión de una actividad delictiva, y a pesar de que la probatoria constituye un privilegio muy especial, dicha revocación no ocurre de manera automática. El Artículo 4 de la Ley Núm. 259 establece el procedimiento que rige la revocación del privilegio de libertad a prueba que se concede al amparo de esta Ley. Véase, Pueblo v. Acevedo Ramos, 173 D.P.R. 219 (2008).

El protocolo dispuesto para la revocación de la probatoria exige que el técnico socio penal u oficial a cargo de la institución o programa encargado de la rehabilitación del probando, rinda un informe de querella para ser atendido en una vista ex parte de determinación de causa probable ante un magistrado. Ésta es la primera de una serie de tres vistas establecidas para la revocación del privilegio, que también incluyen la celebración de una vista sumaria inicial y una vista final. El...

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