Ley Núm. 160 de 24 de diciembre de 2013, para establecer la 'Ley del Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico'; para derogar la Ley 91-2004, según enmendada, conocida como la 'Ley del Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico'; derogar la Ley 38-2001, según enmendada; derogar la Ley 162-2003, según enmendada; derogar la Ley Núm. 49 de 23 de mayo de 1980, según enmendada; y para otros fines relacionados.

EventoLey
Fecha24 de Diciembre de 2013

(P. de la C. 1589)

LEY NUM. 160

24 DE DICIEMBRE DE 2013

Para establecer la “Ley del Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; para derogar la Ley 91-2004, según enmendada, conocida como la “Ley del Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; derogar la Ley 38-2001, según enmendada; derogar la Ley 162-2003, según enmendada; derogar la Ley Núm. 49 de 23 de mayo de 1980, según enmendada; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La educación es la base del futuro de toda sociedad. Mediante la educación se logra inculcar de conocimiento, experiencias y valores a los seres que dirigirán el país. La sección 5 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del ser humano y de las libertades fundamentales. Por tanto, el gobierno tiene la responsabilidad de proveer las herramientas adecuadas para garantizar una enseñanza pública de calidad.

El maestro, como eje de enseñanza, es el profesional a cargo de la labor más trascendental en la vida de sus alumnos; la influencia de su impacto perdura para siempre. La clase magisterial tiene en sus manos la prosperidad de todo un país. Por eso, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico está comprometido con hacer todo lo necesario para protegerlos y proveerles un retiro digno, meritorio por los años de enseñanza dedicados al pueblo puertorriqueño.

Actualmente, el Sistema de Retiro para Maestros (el “Sistema de Maestros” o el “Sistema”), atraviesa una crisis financiera que amenaza con dejarlo sin fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones, actuales y futuras, con los maestros de nuestro sistema público de enseñanza y los empleados y participantes del Sistema (en adelante “maestros”). Dicho Sistema carga con un déficit actuarial[1] que amenaza el pago de las pensiones de nuestros maestros y la estabilidad fiscal del país. Al 30 de junio de 2012, dicho déficit ascendía a aproximadamente $10,251 millones, conforme al informe actuarial más reciente. Se proyecta que para cumplir con sus obligaciones de pago de pensión a los maestros retirados por los próximos años, el Gobierno tendría que inyectarle anualmente sobre $736[2] millones al Sistema por la vida del mismo -cuantía que continuará aumentando en años venideros- debido a que la deuda actuarial acumulada se espera que crezca indefinidamente de no hacerse cambios.

De no actuarse con premura, el Sistema de Maestros se quedará sin dinero para cumplir sus obligaciones, incluyendo el pago de pensiones a los maestros ya retirados, tan pronto como en el año fiscal 2020. Ello se debe a que, al 30 de junio de 2013, el Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros (el “Fondo”) se encuentra en un estado de madurez avanzada, ya que cuenta con una población considerable de pensionados (37,996), en comparación con los participantes activos (41,973), según los datos recopilados por el propio Sistema. Igualmente, los pagos de pensiones y gastos administrativos del Fondo son significativamente mayores que los ingresos por concepto de aportaciones patronales e individuales, lo que hace necesario utilizar el rendimiento de las inversiones y los activos del Fondo mismo para pagar los beneficios de pensión. De hecho, al 30 de junio de 2012, la cobertura actuarial (proporción de activos netos a obligaciones) del Sistema de Maestros era de apenas 17% lo que significa que, a esa fecha, el Sistema de Maestros contaba con sólo 17 centavos de cada dólar necesario para pagar las pensiones de los maestros retirados. Ello contrasta con la información provista por firmas independientes en los Estados Unidos, que indica que al 30 de junio de 2012 la cobertura actuarial promedio de los sistemas de retiro estatales alcanzaba el 72.5%, muy por encima de la cobertura actuarial del Sistema. Aunque la cobertura actuarial es mayor a la que tenía el Sistema de Empleados Públicos previo a la aprobación de la Ley 3-2013, el riesgo del Sistema de Maestros sobre el Fondo General es similar o mayor al del Sistema de Empleados Públicos, pues el Sistema de Maestros sigue siendo un sistema de beneficios definidos (contrario al Sistema de Empleados Públicos que fue cerrado con el Sistema 2000 mediante la Ley 305-1999) por lo que el déficit proyectado es a largo plazo y, por lo tanto, mayor que aquel que se calculaba para el Sistema de Empleados Públicos previo a la aprobación de la Ley 3-2013. No hay duda, pues, que ante la magnitud del problema existente, es necesario tomar medidas contundentes, pero justas y sensibles, para asegurar el pago de beneficios tanto a nuestros maestros retirados, como a aquellos que continuarán brindando el pan de la enseñanza a nuestros niños y jóvenes.

En el caso de nuestra clase magisterial, la necesidad de evitar la erosión de los fondos del Sistema es sumamente apremiante pues, como sabemos, los maestros no cotizan al Sistema de Seguro Social.[3] Ello implica que, en la mayoría de los casos, el único ingreso que nuestros maestros retirados recibirán en su vejez es el proveniente del Sistema. Ante ello, esta Asamblea Legislativa tiene la obligación de proteger los beneficios de retiro para los miles de participantes activos y retirados mediante la aprobación de soluciones razonables y necesarias que eviten la insolvencia del Sistema, de modo que estos cuenten con un retiro justo y digno como merecen por su compromiso con el porvenir de nuestro país.

En esta coyuntura no podemos darnos el lujo de no hacer nada. No podemos repetir los errores del pasado donde, a pesar de que otras Administraciones conocían de la magnitud de la crisis del Sistema de Maestros, no se tomaron las medidas necesarias para atender la misma, lo que al día de hoy ha causado que esta haya empeorado. Es nuestra responsabilidad, no sólo con los maestros sino con el País, afrontar el problema de una vez. Resulta necesario y urgente llevar a cabo una reforma abarcadora y justa del Sistema, de modo que se pueda garantizar un retiro digno a todos los participantes del Sistema de Retiro de Maestros.

CRISIS FISCAL DE PUERTO RICO

La crisis en el Sistema se une a la situación fiscal precaria en la que se encuentra el Gobierno Central; la situación fiscal más crítica que ha atravesado el país en su historia. Como es conocido, en enero de 2013, y a pesar de la aprobación por la pasada administración de la Ley 7-2009, conocida como la “Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico” (“Ley 7”), se proyectaba que el déficit en el Fondo General para el año fiscal 2012-2013 sobrepasaría los $2,200 millones. Mediante distintas medidas llevadas a cabo por esta Administración, se logró reducir dicho déficit a aproximadamente $1,290 millones al 30 de junio de 2013. Para el año fiscal 2013-2014, se han aprobado varias medidas impositivas, entre las que se destacan la enmienda a la Ley 154-2010 que extiende hasta el año 2017 el arbitrio a ciertos productos y servicios ofrecidos en Puerto Rico a corporaciones foráneas, y la Ley 40-2013, según enmendada, conocida como la “Ley de Redistribución y Ajuste de la Carga Contributiva”. Mediante la implementación de las referidas medidas, se proyecta que el déficit se reducirá a $820 millones. No obstante, a pesar de todos los esfuerzos realizados hasta el momento, la situación del Fondo General continúa siendo una deficitaria, razón por la cual es necesario continuar evaluando y reduciendo los gastos del Fondo General para lograr tener un presupuesto balanceado para el año fiscal 2016, sin necesidad de realizar refinanciamientos de deuda para cubrir déficits presupuestarios.

Por otro lado, la situación en las corporaciones públicas no es distinta, pues se estima que en el año fiscal 2012-2013, el déficit combinado de las principales tres corporaciones públicas fue de aproximadamente $800 millones. La deuda pública del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al 30 de junio de 2013, incluyendo la deuda relacionada al Fondo General, los municipios y las corporaciones públicas y agencias, alcanzó la cifra de $70,043 millones, habiendo aumentado $13,588 millones durante los últimos 5 años.

El crédito del país se encuentra en una situación sumamente frágil, habiendo sido degradada la deuda pública del Gobierno Central durante el pasado año fiscal a sólo un punto superior al llamado nivel de “chatarra” por las tres principales agencias clasificadoras de crédito. Igualmente, los bonos de varias instrumentalidades del Estado Libre Asociado y corporaciones públicas, incluyendo los bonos del Sistema de Empleados Públicos, de la Universidad de Puerto Rico, de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, de la Autoridad para el Financiamiento Municipal y de la Autoridad de Energía Eléctrica, también fueron degradados. Los bonos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, los bonos de apropiación de la Corporación de Financiamiento Público y los bonos...

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