Ley Núm. 49 de 30 de junio de 2013, para enmendar los incisos (c) y (e) del Artículo 2; el Artículo 4 y su inciso (e); los Artículos 5, 6, 8, 11 y 13; y añadir un nuevo Artículo 5.1 de la Ley Núm. 66 de 17 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como 'Ley Orgánica de la Administración de la Vivienda Pública de Puerto Rico', para concederle facultades adicionales a la Junta de Gobierno de la Administración de Vivienda Pública; y para otros fines relacionados.

EventoLey
Fecha30 de Junio de 2013

(Sustitutivo de la Cámara

al P. de la C. 1140)

LEY NÚM. 49

30 DE JUNIO DE 2013

Para enmendar los incisos (c) y (e) del Artículo 2; el Artículo 4 y su inciso (e); los Artículos 5, 6, 8, 11 y 13; y añadir un nuevo Artículo 5.1 de la Ley Núm. 66 de 17 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Administración de la Vivienda Pública de Puerto Rico”, para concederle facultades adicionales a la Junta de Gobierno de la Administración de Vivienda Pública; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el año 1988 se estableció en Puerto Rico el Programa de Vivienda Pública, con el fin de proveer a las familias de bajos ingresos una vivienda segura e higiénica, en un ambiente apropiado. En sus inicios el Programa de Vivienda Pública formaba parte del Departamento de la Vivienda y se ocupaba de dar servicios a residenciales públicos, desde la presentación de servicios de limpieza o mantenimiento diario, hasta el desarrollo de obras extraordinarias de mejoras y proyectos de modernización.

Los proyectos incluidos en el Programa de Vivienda Pública -- orientados a prestar servicios esenciales en residenciales públicos, elaborar y ejecutar nuevos métodos y sistemas para mejorar la administración, mantenimiento, ornato y modernización de los referidos centros de vivienda-- demostraron que, el conjunto de servicios a los residenciales públicos, debían agruparse y colocarse bajo la responsabilidad de un organismo particular que, aun siendo partícipe de la política pública y funciones del Departamento de la Vivienda, fuese susceptible de operar con cierto grado de independencia. Es, en consecuencia, que surge la Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico.

La Administración fue creada mediante la Ley Núm. 66 del 17 de agosto de 1989, según enmendada. Es parte del Departamento de la Vivienda y su propósito principal es mejorar la calidad de vida de los habitantes de los residenciales públicos, a la vez que fomenta la actividad comunitaria y el desarrollo personal o familiar de sus residentes.

Más adelante, mediante la Ley 71-2003, se enmendó la Ley Orgánica de la Administración, para crear su Junta de Gobierno y establecer sus facultades y deberes. En aquella ocasión, se entendió que la atención que ameritan nuestros residenciales públicos requiere de un esfuerzo multidisciplinario, el cual integre de manera efectiva el sector público como el sector comunitario. La toma de decisiones en la administración y la prestación de los servicios requeridos en los sectores de vivienda pública del país requiere de la integración y participación ciudadana de los mismos miembros y componentes de nuestros residenciales públicos, de profesionales en áreas relacionadas y de interés, así como de las agencias y entidades gubernamentales con inherencia.

Por los motivos anteriores, la Asamblea Legislativa entendió necesario incrementar, mediante ley, la participación ciudadana en el proceso democrático de toma de decisiones, fiscalización de procedimientos administrativos y prestación de servicios requeridos en los sectores de vivienda pública del País. La Junta de Gobierno de la Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico se convertiría, pues, en el organismo adecuado para maximizar el uso de los recursos del Gobierno y mejorar la calidad de vida en nuestros residenciales públicos, brindando los servicios requeridos, fomentando la actividad comunitaria y el desarrollo personal o familiar de sus residentes.

Tomando en consideración las extensas y abarcadoras facultades de la Administración, es importante imponer mayores responsabilidades a los siete miembros de la Junta con relación al gobierno de la misma. Todas estas personas, por la naturaleza de los puestos que ocupan, tienen conocimiento de primera mano (y amplia preparación) para lidiar con el sector que se beneficia de los servicios de la Administración. Vemos, entonces, que esta ley es un paso lógico en la práctica integracionista del Estado en los esfuerzos de mejorar los servicios a la clientela de residenciales públicos.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1

Se enmienda los incisos (c) y (e) del Artículo 2 de la Ley Núm. 66 de 17 de agosto de 1989, según enmendada, para que lean como sigue:

Artículo 2.-Definiciones.-

(a) …

(b) …

(c) “Administrador”, significará el funcionario ejecutivo de la Administración que responderá directamente a la Junta de Gobierno de la Administración de Vivienda Pública, y llevará a cabo cualquier gestión, directriz o encomienda que dicha Junta le asigne. Tendrá la responsabilidad de ejercer todas las funciones y responsabilidades de la Administración que le sean delegadas por la Junta de Gobierno.

(d) …

(e) “Junta”, significará la Junta de Gobierno de la Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico. Será el ente de más alto nivel en la Administración de Vivienda Pública, y al que el Administrador deberá responder. Tendrá la responsabilidad de organizar, dirigir y ejercer todas las funciones y responsabilidades de la Administración, las cuales podrá delegar a su discreción en el Administrador;

(f) …

(g) …

(h) …

Artículo 2

Se enmienda el inciso (e) del Artículo 4 de la Ley Núm. 66 de 17 de agosto de 1989, según enmendada, para que lea como sigue:

Artículo 4.-Junta de Gobierno; Administrador.-

Los poderes, funciones y responsabilidades de la Administración se ejercerán y su política pública se determinará por una Junta de Gobierno que será conocida como la Junta de Gobierno de la Administración de Vivienda Pública y estará compuesta y regida de la forma que se provee a continuación:

(a) …

(e) Administrador.- El Administrador será nombrado por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado del Estado Libre Asociado de...

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