Ley Núm. 72 de 29 de mayo de 2015, para añadir un nuevo Subtítulo DD, enmendar las Secciones 1000.02, 1010.01, 1021.01, 1021.05, 1022.03, 1022.04, 1033.02, 1033.14, 1033.15, 1033.17, 1034.01, 1051.11, 1051.12, 1051.13, 1061.16, 1101.01, 3020.07, 3020.07A, 3020.08, 4010.01, 4020.01, 4020.02, 4020.04, 4041.01, 4042.03, 4050.04, 4070.01, establecer una Sección 6051.19, y enmendar las Secciones 6054.01, 6054.02, 6054.03, 6054.04 y establecer las nuevas Secciones 6055.01, 6055.02, 6055.03, 6055.04, 6055.05, 6055.06, 6055.07, 6055.08, 6055.09 y enmendar las Secciones 6080.14 y 6110.04 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como el 'Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011', y establecer la Comisión de Alternativas para Transformar el Impuesto al Consumo; a fin de cumplir responsablemente con nuestras obligaciones, sin afectar los servicios esenciales hacia la ciudadanía; y para otros fines relacionados.

Evento:Ley
Fecha:29 de Mayo de 2015

(P. de la C. 2482)

LEY NUM. 72

29 DE MAYO DE 2015

Para añadir un nuevo Subtítulo DD, enmendar las Secciones 1000.02, 1010.01, 1021.01, 1021.05, 1022.03, 1022.04, 1033.02, 1033.14, 1033.15, 1033.17, 1034.01, 1051.11, 1051.12, 1051.13, 1061.16, 1101.01, 3020.07, 3020.07A, 3020.08, 4010.01, 4020.01, 4020.02, 4020.04, 4041.01, 4042.03, 4050.04, 4070.01, establecer una Sección 6051.19, y enmendar las Secciones 6054.01, 6054.02, 6054.03, 6054.04 y establecer las nuevas Secciones 6055.01, 6055.02, 6055.03, 6055.04, 6055.05, 6055.06, 6055.07, 6055.08, 6055.09 y enmendar las Secciones 6080.14 y 6110.04 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, y establecer la Comisión de Alternativas para Transformar el Impuesto al Consumo; a fin de cumplir responsablemente con nuestras obligaciones, sin afectar los servicios esenciales hacia la ciudadanía; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El peligro más grande en tiempos de turbulencia no es la turbulencia sino el que actuemos conforme a la lógica del pasado

. - Peter Drucker

Nos encontramos ante una coyuntura histórica que requiere acción inmediata. Es de todos conocido que Puerto Rico atraviesa tiempos muy difíciles en sus finanzas gubernamentales. Por muchos años los gobiernos se enfocaron en proponer soluciones a corto plazo, en vez de atender el problema en su raíz, para estructurar la economía y la situación fiscal del país. La cultura de tomar prestado sin fuentes de repago se agudizó hasta el punto al que hemos llegado. Actualmente contamos con una deuda acumulada que asciende aproximadamente a $70 mil millones, sin fuentes de repago y sin acceso a los mercados. Ante ello, tenemos la responsabilidad de realizar los sacrificios necesarios para que las futuras generaciones tengan la oportunidad de ser exitosas en su esfuerzo hacia un mejor porvenir para su país. Las consecuencias actuales de los errores del pasado nos ayudan a concientizar a la presente y futura generación, tanto al nivel personal de cada ciudadano como al nivel gubernamental, de que el mejor legado es la responsabilidad en las finanzas; no así, tomar el dinero que corresponde a las próximas generaciones en el presente, sino que la verdadera inversión es sembrar en el presente para cosechar en el futuro.

Desafortunadamente, los gobiernos anteriores utilizaron la mayoría de la deuda para fines operacionales e inmediatos; otorgando privilegios suntuosos, lejanos a la realidad del país, en vez de impulsar el desarrollo económico y la infraestructura sostenible. Solamente durante el periodo de 2009 al 2012, se emitieron $16,600 millones en deuda, sin dejar rastros de su utilización. De hecho, el gobierno de la pasada Administración fue el que más préstamos ha tomado en la historia de Puerto Rico. Todo esto unido a un déficit presupuestario de más de $3,300 millones para el año fiscal 2012.

Ante esta realidad, durante estos dos años, nuestro gobierno ha trazado el camino correcto; se han tomado decisiones muy difíciles, pero necesarias, de modo que las arcas del gobierno cuenten con los recursos óptimos para cumplir con los servicios que los ciudadanos merecen. Somos de la visión que con menos podemos hacer más. Por eso, se ha reducido el gasto público de $11,900 millones en 2012 a $9,600 millones en 2014, lo que equivale a una reducción de $2,300 millones.

Según se aprecia en la siguiente ilustración, nos encontramos ante un presupuesto austero y responsable: sin financiamiento deficitario ni refinanciamiento de bonos. Nótese que el nivel de gastos operacionales, excluyendo el servicio de la deuda, es muy similar al gasto incurrido en el año fiscal 2005. Esto significa que esta Administración está operando con un presupuesto muy similar al de hace diez años. Por primera vez en muchos años, estamos gobernando según nuestra realidad fiscal, recortando los gastos discrecionales y atendiendo nuestras obligaciones ineludibles.

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Estos recortes gubernamentales se han logrado por un esfuerzo conjunto entre las tres Ramas de Gobierno del Estado Libre Asociado. La Ley 66-2014, conocida como la “Ley de Sostenibilidad Fiscal”, produjo una disminución en gastos de alrededor de $1,400 millones, como resultado de la reducción en los puestos de confianza, suspensión de bonificaciones y congelación de fórmulas, entre otros. Todo esto sin afectar la prestación de los servicios esenciales que se proveen a nuestros ciudadanos y sin cesantear a ningún empleado público.

De igual manera, la Rama Ejecutiva redujo los contratos de servicios profesionales en un 51% en comparación al 2012. Además, sin despedir empleados públicos, se redujeron de 105,000 a 89,000 los empleados del gobierno central; lo que equivale a una reducción en nómina de $400 millones anuales. Asimismo, se congelaron los nombramientos de empleados regulares, excepto puestos necesarios, se produjo una reducción de 20% en el gasto de nómina de empleados de confianza, y se prohibió la otorgación de beneficios económicos extraordinarios para los empleados.

Además de los recortes en gastos operacionales de la Rama Ejecutiva, la Rama Legislativa y la Rama Judicial han hecho lo propio. La Rama Judicial ha ajustado sus operaciones para enfrentar el recorte de $54 millones como parte de la Ley de Sostenibilidad Fiscal. Entre las medidas establecidas en la Rama Judicial se destaca un control estricto de materiales de oficina, el traslado de las operaciones de once salas del Tribunal de Primera Instancia a otras sedes, la suspensión del proyecto de construcción de un nuevo Centro Judicial en Aibonito, la renegociación de los cánones de arrendamiento de edificios y locales, recesos parciales de operaciones, reducción en la contratación de servicios profesionales, reducción de un once por ciento de la nómina mediante la congelación de plazas de personal de apoyo, y la reubicación de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) y del Tribunal de Apelaciones, entre otras medidas.

Mientras que la Rama Legislativa, en adición a los recortes producidos por la Ley de Sostenibilidad Fiscal, redujo significativamente la compensación de los legisladores y eliminó el estipendio para vehículos de motor y las dietas por asistencia a compromisos legislativos.

Las tres ramas de gobierno han reiterado su compromiso como nunca antes de proteger los recursos públicos y hacer más costo efectivo el funcionamiento gubernamental, para así lograr una economía operacional.

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Como puede apreciarse, el gobierno opera con un presupuesto sumamente comprometido ya que la mayoría de las asignaciones son partidas ineludibles establecidas por ley o que se utilizan para proveer servicios esenciales a la ciudadanía como: educación, seguridad, salud y bienestar social. Sin embargo, a pesar de todos los ajustes presupuestarios realizados a través de todo el gobierno, para el presupuesto del año fiscal 2016, se debe considerar $1,138 millones para el pago de deuda, los sistemas de retiro y para la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES). Además, existen nuevas obligaciones de $618 millones que incluyen: $450 millones de deuda por aumento anual automático, $140 millones para los Sistemas de Retiro y $28 millones para el Centro Comprensivo de Cáncer. Por tanto, para el año fiscal 2015-2016, el total de gastos por concepto de pago de deuda, retiro, reforma de salud y Centro Comprensivo de Cáncer es de $1,756 millones.

Ante la realidad fiscal del gobierno es necesario que se ingenie un sistema contributivo integrado que genere los ingresos apropiados, que promueva la equidad, ampliando la base impositiva, y que siente las bases para eliminar gradualmente la carga contributiva de nuestros trabajadores.

Este Proyecto de Ley nos permitirá cumplir responsablemente con nuestras obligaciones, sin afectar los servicios esenciales hacia la ciudadanía. No podemos pretender que el gobierno sea el motor económico del país si no contamos con una visión coherente e integrada de política pública a largo plazo. El país requiere que tracemos la ruta correcta. Que se tomen decisiones acertadas, que aunque difíciles, susciten el bienestar de Puerto Rico.

Hace falta un sistema contributivo que genere los ingresos necesarios y al mismo tiempo logre que volvamos al camino del crecimiento sostenido y sustentable. Ello requiere un sistema más sencillo, más efectivo para aplicar y más sencillo para fiscalizar. A esos efectos, esta Ley dispone establecer un mecanismo de evaluación al sistema contributivo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Dicho mecanismo consiste en la creación de una Comisión de Alternativas para Transformar el Impuesto al Consumo (CATIC) cuyas funciones y tareas principales, entre otras, sería el evaluar distintos modelos tributarios, incluyendo el arbitrio general, y rendir un informe en el cual se establezcan recomendaciones sobre la viabilidad o no de implementar algún modelo como transformación al sistema actual del impuesto al consumo. Esta Comisión tiene la responsabilidad de recomendar la legislación necesaria para lograr mayor justicia contributiva, generar los recaudos para el funcionamiento del gobierno y para el cumplimiento de sus obligaciones.

Un sistema contributivo integrado es un medio de recaudos que se basa en las virtudes de distintos tipos de impuestos, y que transicione hacia uno óptimo, según la economía de cada país. Varios economistas, consultores, y...

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