Ley Núm. 9 de 9 de marzo de 2009, para crear el Plan de Estímulo Económico Criollo dirigido a estimular la economía de Puerto Rico mediante la concesión de un bono a ciudadanos pensionados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con ingresos de menos de veinte mil dólares ($20,000) anuales, alivios hipotecarios a consumidores, estímulos para la compra de viviendas, estímulos para la construcción de viviendas de interés social, alivios y estímulos a pequeñas y medianas empresas, programas de readiestramiento laboral, estímulos a proyectos de infraestructura, la agilización de los endosos y permisos para proyectos pendientes de aprobación y otras medidas de estímulo; enmendar la Ley Núm. 87 de 25 de junio de 1965, según enmendada, para establecer las fuentes de fondos que se podrán depositar en el Fondo de Reserva de Hipotecas Aseguradas y para eximir del pago de aranceles de Registro de la Propiedad a ciertas escrituras que se otorguen conforme a este plan; y para otros fines.
| Evento | Ley |
| Fecha | 9 de Marzo de 2009 |
(P. de la C. 1320)
LEY NUM. 9
9 DE MARZO DE 2009
Para crear el Plan de Estímulo Económico Criollo dirigido a estimular la economía de Puerto Rico mediante la concesión de un bono a ciudadanos pensionados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con ingresos de menos de veinte mil dólares ($20,000) anuales, alivios hipotecarios a consumidores, estímulos para la compra de viviendas, estímulos para la construcción de viviendas de interés social, alivios y estímulos a pequeñas y medianas empresas, programas de readiestramiento laboral, estímulos a proyectos de infraestructura, la agilización de los endosos y permisos para proyectos pendientes de aprobación y otras medidas de estímulo; enmendar la Ley Núm. 87 de 25 de junio de 1965, según enmendada, para establecer las fuentes de fondos que se podrán depositar en el Fondo de Reserva de Hipotecas Aseguradas y para eximir del pago de aranceles de Registro de la Propiedad a ciertas escrituras que se otorguen conforme a este plan; y para otros fines.
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico atraviesa por la peor crisis fiscal desde la Gran Depresión de los 1930s, con un déficit presupuestario para el año fiscal 2008-2009 que, a la fecha de esta Ley, se ha estimado ascenderá a por lo menos $3,200 millones. Este déficit presupuestario representa un 40% de los ingresos recurrentes del gobierno. Para poner nuestra situación fiscal en perspectiva, los estados de los Estados Unidos con los déficits más altos en relación a sus ingresos son los estados de Nevada y Arizona, cuyos déficits representan un 30% de sus ingresos recurrentes. Se estima que, bajo la actual estructura de ingresos y gastos, los próximos tres años fiscales también reflejarán déficits presupuestarios de más de $3,000 millones por año.
La situación crítica por la cual atravesamos actualmente es principalmente el resultado de ocho años de pobres controles administrativos caracterizados por una Rama Ejecutiva que al parecer sobreestimó los ingresos del gobierno, permitió aumentos en los gastos a niveles que no eran sostenibles con los ingresos recurrentes, incluyendo un aumento dramático en los costos de nómina, y no tomó las medidas necesarias para establecer un presupuesto balanceado. El costo de la nómina del Gobierno Central aumentó por un promedio de 10% al año durante el período del 2000 al 2005 y por un promedio de 6% al año durante los últimos diez años. Durante los últimos cuatro años fiscales, la Rama Ejecutiva sobreestimó la cantidad de recaudos que ingresarían en el Fondo General por un promedio de $918 millones por año. Para cuadrar los presupuestos, se utilizaron mecanismos de ingresos no recurrentes, posposición del pago de gastos y servicio de deuda y emisiones de deuda nueva, sin tomar las medidas de recorte en el gasto gubernamental que eran necesarias para lograr un presupuesto verdaderamente balanceado. Estas estrategias temporeras para balancear el presupuesto gubernamental y compensar por su déficit estructural no son apropiadas ni están ya disponibles.
Además de la crisis fiscal del gobierno, la economía de Puerto Rico ha estado en recesión desde el 2007 cuando experimentó una contracción de 1.9%, seguido por una contracción de 2.5% en el 2008. Se anticipa que la recesión continúe hasta el 2011 con una contracción estimada de 3.4% para el 2009 y 2.0% para el 2010. A nivel mundial, la situación económica es igual de precaria. Los Estados Unidos, Europa y Japón atraviesan por una recesión que proyecta ser la peor desde la Gran Depresión económica de los Estados Unidos de los 1930s. El Banco Mundial estima que el 2009 podría ser el primer año desde el 1982 en el que el comercio global se reduzca, con una contracción esperada de 2.1%. La crisis en los mercados de crédito y de capital a nivel mundial ha afectado nuestra economía, la disponibilidad de financiamiento para nuevas inversiones privadas y gubernamentales y la liquidez de nuestro Gobierno y del sistema financiero local.
Durante los últimos ocho años, la deuda pública del Gobierno de Puerto Rico se ha casi duplicado creciendo de $25,200 millones en el 2001 a $46,700 millones en el 2008. Una porción significativa de la deuda emitida durante estos últimos ocho años ha sido para pagar gastos operacionales y para financiar proyectos de poco impacto económico. Debido al déficit presupuestario y la falta de responsabilidad fiscal por la pasada administración, la clasificación de los bonos de obligación general de Puerto Rico se encuentra en el nivel más bajo en su historia. Actualmente los bonos de obligación general de Puerto Rico están en el nivel mínimo de grado de inversión y una degradación de un grado adicional colocaría a dichos bonos por debajo de la categoría mínima de inversión y en el grado de chatarra (“junk bonds”). Si el gobierno no toma medidas inmediatas para atender la situación fiscal, las agencias acreditadoras degradarán el crédito de los bonos de Puerto Rico al grado de chatarra, lo cual tendría un efecto catastrófico en nuestra situación fiscal y económica.
De ocurrir una degradación de los bonos al grado chatarra, el Gobierno Central perdería su capacidad de financiar obras públicas mediante la emisión de deuda, dado que la demanda en el mercado mundial para comprar bonos del gobierno de Puerto Rico prácticamente desaparecería. El tamaño de las emisiones de bonos se reduciría de las cantidades acostumbradas de cerca de $500-600 millones por emisión, a sólo $100-$250 millones por emisión. Las tasas de interés a la cual tomaría prestado el gobierno aumentarían marcadamente y los fondos mutuos locales que han adquirido y mantienen en cartera más de $8,000 millones en bonos de Puerto Rico estarían impedidos de comprar bonos adicionales debido a su clasificación como chatarra. Además, se estima que la degradación de los bonos tendría un efecto negativo inmediato de $3,112 millones en pérdida de riqueza al reducir la valoración de bonos mantenidos por personas y empresas en Puerto Rico, $1,250 millones menos en inversión pública y $2,580 millones de capital que el gobierno tendría que utilizar para proveer colateral adicional y que resultaría inútil para otros propósitos. La reducción en inversión pública, de por sí sola, pudiese tener el efecto de desplomar la economía de Puerto Rico a razón de 6.4% para el año fiscal 2009 y 5.0% para el año fiscal 2010, lo cual causaría la pérdida de aproximadamente 130,000 empleos, agudizando la situación económica no solamente del gobierno, sino de todos los sectores de nuestra economía, y a niveles jamás antes vistos en nuestra historia. Las experiencias de la Ciudad de Nueva York en el 1976 y de la Ciudad de Washington, D.C. en 1995, cuyos créditos descendieron al grado de chatarra, sugieren que la economía de Puerto Rico pudiese tardarse por lo menos 10 años para recuperarse de esta catástrofe económica inminente, y que el Gobierno de Puerto Rico tendría pocas formas de evitar consecuencias severas incluyendo cierres temporeros en su funcionamiento cada año, por tiempo...
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