Ley Núm. 99 de 21 de julio de 2014, para enmendar la Regla 64 (n) de las de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de disponer el momento en el que se comenzará a computar el término de juicio rápido para la etapa de juicio.
| Evento | Ley |
| Fecha | 21 de Julio de 2014 |
(P. del S. 620)
LEY NUM. 99
21 DE JULIO DE 2014
Para enmendar la Regla 64 (n) de las de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de disponer el momento en el que se comenzará a computar el término de juicio rápido para la etapa de juicio.
Tanto en la Constitución de Estados Unidos como en la Constitución de Puerto Rico, se dispone que en todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido. (Enmienda Sexta de la Constitución de los Estados Unidos de América; Artículo 2, Sección 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico).
Sobre este derecho se ha expresado la Corte Suprema Federal, reconociendo que es tan fundamental como el resto de los derechos garantizados por la Sexta Enmienda de la Constitución de EEUU, lo que acarrea que se aplique a los estados en virtud de la Cláusula del Debido Proceso de Ley. (E.L. Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1995, Vol. II, p.69).
La importancia del derecho a juicio rápido se debe en esencia a que éste tiene el propósito de salvaguardar los intereses de las personas imputadas de delito para: (1) evitar su indebida y opresiva encarcelación antes del juicio; (2) minimizar la ansiedad y preocupación que genera una acusación pública, y; (3) reducir las posibilidades de que una dilación extensa menoscabe su capacidad para defenderse. U.S. v. Ewell, 383 U.S. 116 (1966); Smith v. Hooey, 393 U.S. 374 (1969); U.S. v. MacDonald, 456 U.S. 1 (1982); Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986).
Desde la perspectiva de la sociedad, el enjuiciamiento rápido pretende, entre otras cosas, evitar: (1) la congestión indebida de casos; (2)que personas bajo fianza, en espera de juicio, delincan nuevamente, o evadan la jurisdicción mientras están en libertad provisional; (3)que la tardanza entre el arresto y el castigo tenga un efecto negativo en la rehabilitación, y; (4)toda detención excesiva antes del juicio, que en sus múltiples efectos sociales y económicos, representa una pérdida para la sociedad. Pueblo v. Thompson Faberllé, 2010 TSPR 237 (2010) citando a Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986).
Allá para el año 1974, nuestro Más Alto Foro reconoció que el derecho a un juicio rápido no se limita únicamente al acto del juicio, sino que abarca todas las etapas del proceso penal, desde la imputación inicial de delito, hasta que se dicta sentencia. Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165, 169 (1974).
La Corte Suprema Federal resolvió de igual...
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