Ley Núm. 103 de 25 de Mayo de 2006. Ley para la Reforma Fiscal de 2006
| Evento | Ley |
| Fecha | 25 de Mayo de 2006 |
Ley Núm. 103 de 25 de mayo de 2006
(Sustitutivo al
P. de la C. 2454)
Para implantar la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006, que incluya, entre otros asuntos, reestructurar el proceso presupuestario del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, prohibir la utilización de deudas, préstamos o cualquier mecanismo de financiamiento para cubrir gastos operacionales y para balancear el Presupuesto General de Gastos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establecer controles para la reducción del gasto público, hacer cumplir el requerimiento constitucional de que el Presupuesto General esté balanceado, reforzar la prohibición legal de que los gastos del Poder Ejecutivo y de cada una de las agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no pueden exceder las asignaciones presupuestarias; asignar responsabilidades, establecer penalidades, prohibir el uso de fondos públicos para ciertos gastos y disponer el uso de los ahorros producto de esas prohibiciones, limitar el uso de fondos públicos para sufragar el pago por uso de teléfonos celulares, prohibir el uso de fondos públicos para sufragar la utilización de vehículos de motor para uso personal o ilimitado de funcionarios, limitar el uso de fondos públicos para sufragar el costo de servicios profesionales de cabildeo, establecer
la prohibición de gastos de difusión pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establecer los mecanismos sobre exactitud en los gastos, y la creación de un sistema de contabilidad uniforme y organización fiscal para el Gobierno de Puerto Rico, y para otros fines.
En nuestro sistema de gobierno, el pueblo es el dueño de la cosa pública. Los fondos y la propiedad que manejan los gobernantes, pertenecen al pueblo y sólo para su estricto beneficio es que pueden utilizarse. El Gobierno maneja los fondos públicos como una fiducia, lo cual obliga a que éstos sean utilizados con mayor escrúpulo y responsabilidad conforme la naturaleza y los fines de tales bienes.
Lamentablemente, con frecuencia el Gobierno amplía la definición y alcance de lo que es el "bien común", para incluir su autopreservación y expansión. Esto aumenta de forma desmedida y drástica los gastos del Gobierno en áreas que no están directamente relacionadas con sus funciones y responsabilidades constitucionales, lo cual resulta en el uso desmedido y desproporcionado de los fondos públicos.
Todo lo anterior hace necesario e imprescindible una Reforma Fiscal de nuestro sistema de gobierno, para hacerlo realmente efectivo y que cumpla con las responsabilidades que justifican su existencia.
El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico atraviesa por la peor crisis fiscal en toda su historia.
Esta situación pone en peligro la calidad de los servicios que debe recibir la ciudadanía y puede continuar afectando la calidad crediticia de los valores emitidos por el
Gobierno de Puerto Rico y sus agencias e instrumentalidades.
Esto definitivamente representa un peligro para el desarrollo económico de la Isla.
Debido a las consecuencias adversas, es sumamente importante y altamente prioritario que esta crisis fiscal se resuelva lo antes posible.
Sin embargo, para lograr esta meta es imprescindible definir el problema adecuadamente, lo cual requiere un entendimiento claro de la crisis y de los factores que contribuyeron a la misma.
La deuda extraconstitucional que alcanzaba los $1,809.0 millones en 1984, que aumentó a $3,699.5 millones en 1992, se redujo a $3,042.2 en el 2000, según los documentos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, se agudiza en los años 2003 y 2004, durante los cuales se gastaron más de $1,000 millones en exceso de los ingresos recurrentes que tenía disponible el fisco.
A esto hay que añadirle los más de $1,200 millones que se desembolsaron del Fondo Presupuestario durante los años 2001-2004, incluyendo las siguientes erogaciones, aprobadas mediante órdenes ejecutivas y realizadas para cuadrar los presupuestos de los Años Fiscales 2001-2002, 2002-2003 y 2003-2004:
Orden
Ejecutiva
Fecha
Cantidad Cuadre del
Año Fiscal
OE-2002-60 30 de septiembre de 2002 $140.0 millones 2001-2002
OE-2003-64 22 de octubre de 2003 $145.0 millones 2002-2003
OE-2004-83 17 de noviembre de 2004 $151.2 millones 2003-2004
Para que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico pudiera gastar en exceso de sus ingresos recurrentes, se utilizaron varios mecanismos, incluyendo el uso de deudas.
Estos métodos de financiamiento para cubrir desembolsos de gastos operacionales y para balancear presupuestos contribuyeron a erosionar los mecanismos de control consagrados en nuestra Constitución.
Esto pudiera tener como consecuencia, entre otras cosas, el poner en entredicho la constitucionalidad de las leyes que autorizaron estas acciones.
Por otro lado, el Fondo Presupuestario fue creado mediante la Ley Núm. 89 de 18 de agosto de 1994, según enmendada, con el propósito de crear una reserva presupuestaria que sirviera para cubrir asignaciones cuando los recaudos del Gobierno de Puerto Rico fuesen menores de los estimados.
El propósito del Fondo Presupuestario no fue el proveer un mecanismo para cubrir gastos en exceso de lo asignado.
Aún así, y como hemos atestiguado, en la realidad se ha utilizado este Fondo Presupuestario para cubrir gastos en exceso de los autorizados por la Asamblea Legislativa.
Esto sirvió para permitirle al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico posponer y evitar la toma de decisiones necesarias para controlar el gasto público, aparte de que puso en duda la legalidad de las acciones tomadas para utilizar este Fondo Presupuestario para un uso contrario al que se autorizó por ley.
Por lo tanto, es sumamente importante que se reestructure el proceso presupuestario del Gobierno de Puerto Rico, para detener estas prácticas de gastar en exceso de los ingresos disponibles, restaurar los controles fiscales establecidos en la Constitución de Puerto Rico y establecer los mecanismos adecuados para evitar que lo ocurrido en los últimos dos años se vuelva a repetir.
Esto incluye, además, fortalecer los procesos administrativos y contables de forma tal, que se les asigne mayor responsabilidad a los jefes de agencias, y a sus directores de finanzas, por las operaciones fiscales y administrativas que están bajo su responsabilidad.
Como parte de todo este proceso de búsqueda de solución al problema de la crisis fiscal, también es importante reducir o eliminar gastos en las agencias o instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico.
En ese sentido, es muy importante controlar el gasto de nómina, el cual
fue uno de los renglones de gastos que más aumentó durante los últimos años.
De hecho, el incremento en el gasto de nómina del Gobierno de Puerto Rico con cargo al Fondo General durante los tres (3) años más recientes guarda una estrecha correlación con la cifra de insuficiencia presupuestaria de alrededor de $600 millones que ha ofrecido la Oficina de Gerencia y Presupuesto, como se ilustra a continuación:
(En $ millones)
2002
2003
2004
2005
2006p
Gastos de nómina y costos relacionados
3,864
4,252
4,373
4,940
5,526*
Aumento (en dólares)
116
388
121
567
586
Aumento (en por ciento)
10%
3%
13%
12%
p = petición presupuestaria
* incluye $566 millones incluidos como "otros gastos operacionales"
Fuente = Oficina de Gerencia y Presupuesto
De igual forma, se deben limitar los gastos de anuncios y de servicios profesionales de cabildeo que también se han salido de toda proporción razonable durante los años recientes.
Se debe limitar, además, el uso de fondos públicos para cubrir el pago de teléfonos celulares, pues su uso se ha esparcido a través de la ciudadanía en general de tal forma que ya no se justifica que se usen fondos públicos para sufragar el costo de los mismos.
Además, se debe prohibir el uso de fondos públicos para sufragar la utilización de vehículos de motor para uso personal e ilimitado de funcionarios, lo cual no es razonable ante la necesidad del uso de fondos para otros asuntos más apremiantes.
Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende que es de suma prioridad implantar una Reforma Fiscal que incluya, entre otras cosas, reestructurar el proceso presupuestario del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, prohibir la utilización de deudas, préstamos o cualquier mecanismo de financiamiento para cubrir gastos operacionales y para balancear el Presupuesto General de Gastos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establecer controles para lograr la reducción del gasto público, hacer cumplir el requerimiento constitucional de que el Presupuesto General esté balanceado, reforzar la prohibición legal de que los...
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