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Logran acuerdo que dará flexibilidad al gobierno

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Vincent

El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), David Skeel, defendió que el acuerdo con ciertos acreedores de Obligaciones Generales (GOs, en inglés) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) incluya el pago de unos $7,000 millones en efectivo al señalar que el desembolso de dicha cuantía no dejará en precario al gobierno o al Fondo General.De igual forma, Skeel sostuvo que el acuerdo pactado esta semana es "la mejor alternativa" al "riesgo" que representaría continuar con los litigios para invalidar unos $6,000 millones en GOs y bonos de la AEP.Para Skeel, continuar con lo que serían años de litigio y millones de dólares en honorarios de abogados representa el riesgo de ganar o perder en corte, mientras acabar la controversia permitirá que el gobierno tenga dinero para cubrir sus gastos y sobre todo, asegurar el pago de las pensiones de los "más vulnerables".El millonario pago en efectivo y transar los litigios para invalidar parte de la deuda pública son parte de las condiciones del nuevo acuerdo que la JSF ha alcanzado con la Coalición de Deuda Legítima (CDL), el grupo Ad Hoc de Obligaciones Generales (Ad Hoc-GOs), el fondo de inversiones QTCB y las aseguradoras municipales Assured Guaranty, Syncora Guaranty y National Public Finance.Los términos del acuerdo se dieron a conocer ayer casi una semana después de pedir a la jueza Laura Taylor Swain aplazar la presentación del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central.En entrevista con El Nuevo Día, Skeel subrayó que la JSF consiguió el respaldo de los dueños de sobre $11,700 millones en GOs y bonos de la AEP, un apoyo considerable que Swain, la jueza de distrito federal, tendrá que sopesar, una vez se diriman los méritos del Plan de Ajuste (PDA o POA, en inglés) en el tribunal."El efectivo (que posee el gobierno) no se irá del todo", dijo Skeel. "Puerto Rico todavía tendrá capital de operaciones para sus gastos", agregó el profesor de Derecho Corporativo y procesos de bancarrota en la Universidad de Pensilvania.Al presente, el gobierno custodia cerca de $25,000 millones en efectivo en sus cuentas bancarias.Pero Skeel, recordó que buena parte de ese efectivo acumulado fue posible porque el gobierno no ha pagado a los bonistas por espacio de cuatro años.Skeel destacó que el acuerdo representa una reducción en el servicio a la deuda, es decir, en la cantidad de dinero que el gobierno debe pagar a los bonistas cada año. Además, al reducir ese pago anual, explicó el académico, se...

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