Mari Bras V. Alcaide, 1972, 100 D.P.R. 506

Autor:Dra. Ruth E. Ortega Vélez
Páginas:404-406
 
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Libertad de Palabra.

Hechos: A Mari Bras y a otros se les imputa haber pegado pasquines en el Puente Dos Hermanos y en postes de alumbrado público pertenecientes a la A.E.E., en violación a las disposiciones del Art. 517(6) del antiguo Código Penal de Puerto Rico, que disponía que incurriría en delito menos

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grave “toda persona que voluntariamente pusiere, pegare, fijare, imprimiera o pintara sobre cualquier propiedad perteneciente al Gobierno o Municipios, etc”. O sea, que prohíbe que un ciudadano fije sobre la superficie de propiedad pública carteles que no son de tipo comercial.

Los apelados sostienen que la última frase del inciso 6, que dispone“o cualquier cuadro, letrero o mote con objeto de llamar la atención hacia el mismo”, cuando dice el mismo se refiere al artículo que poco antes se había dicho que se penalizaba “el ofrecerlo en venta u otro fin”. Frase que gira en torno al artículo de mercancía y no se aplica a otros tipos de anuncios.

Mediante petición de hábeas corpus los apelados impugnaron la legalidad de su arresto. El Tribunal Superior declaró con lugar el auto, ordenó la libertad inmediata de los peticionarios y la cancelación de las fianzas por considerar que los hechos alegados no constituyen el delito definido en el Art. 517. El Alcaide apela ante el Tribunal Supremo.

Controversia: Los peticionarios apelantes impugnan la validez de la Regla Tercera (a) como inconstitucional de su faz por ser una restricción indebida e irrazonable de la libertad de expresión; (b) por constituir una prohibición demasiado amplia que no guarda relación razonable con el derecho al sufragio libre que la Junta pretendía proteger; y, (c) por su aplicación a los peticionarios en forma discriminatoria.

Decisión del Tribunal Supremo: Confirma la Resolución apelada. Fundamentos legales: En Puerto Rico, es de conocimiento común el uso generalizado de carteles, mensajes pintados, pasquines, etc., por individuos o grupos como uno de los medios de diseminación de ideas, inquietudes y protestas, sobre toda clase de temas, incluyendo el mensaje y propagación política. Este medio de difusión constituye un ejercicio de las libertades de palabra y prensa. No obstante, el Tribunal Supremo obvia la cuestión constitucional, pero dispone que dicho artículo debe interpretarse restrictivamente en su aplicación. Aclara, sin embargo, que la frase “u otro fin” usada en el inciso 6 se relaciona con la venta de un artículo y no a mensajes y otra literatura no relacionada a artículos de comercio. El Tribunal concluye que la frase “u otro fin” utilizada en el Art. 517 se relaciona con artículos y no a mensajes u otra literatura no relacionada a artículos de comercio.

En la forma en que está redactado el Art. 517, según el Tribunal, no se corre el riesgo de afirmar que está sujeto a legítimas dudas sobre las actividades que trata de penalizar. La duda que surge debe resolverse a favor del acusado y de su inmunidad, pero nunca para alcanzar situaciones que no aparecen claramente contempladas por la ley. Según expresa el Tribunal:

“El problema específico de la validez constitucional de estatutos y ordenanzas tendentes a proteger la propiedad contra daños o perturbaciones, en vista del derecho a la libre expresión y la libertad de prensa, no ha sido tratado directamente por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No obstante ese Tribunal y otros federales inferiores y estatales han elaborado una serie de doctrinas sobre la libertad de expresión y prensa en general y sobre el uso de las vías y edificaciones públicas en particular que pueden

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arrojar luz sobre la controversia aquí planteada en torno a la interpretación del Art. 517, inciso 6, del Código Penal.

En general, una disposición legislativa que tiene como propósito la limitación de la libre expresión se verá sujeta a un examen minucioso (careful scrutiny) y será válida solo si está redactada en términos limitados (narrowly drawn) para proteger un interés legítimo e importante del estado (legitimate and compelling state interest). Como consecuencia, sería inválida una prohibición absoluta de libre expresión y aun una restricción que, sin ser absoluta, sea innecesariamente abarcadora. En cuanto a las vías públicas, la Corte Suprema de los Estados Unidos "...ha sostenido inequívocamente que las calles son lugares apropiados para el ejercicio de la libertad de comunicar información y diseminar opiniones y que, aunque los estados y municipios pueden reglamentar adecuadamente ese privilegio en el interés público, no pueden gravar injustificadamente ni prohibir su ejercicio en estas vías públicas." Se ha resuelto que son inconstitucionales ordenanzas que prohíben la repartición de hojas sueltas en residencias privadas a menos que se haya obtenido permiso previo del dueño”.

El Tribunal cita a People v. Richards, 1941, 31 N.Y.S.2d 457, donde se sostuvo la constitucionalidad de una ordenanza de la administración de un parque prohibiendo la fijación de carteles en el mismo, porque (1) permite la expresión en otras formas y (2) tiene un fin legítimo: la preservación de la tranquilidad en un lugar destinado al sosiego de los ciudadanos. Para justificar las restricciones a la libre expresión en las vías públicas se han invocado ciertos intereses del Estado o la comunidad entre los cuales se destacan la privacidad del hogar; la tranquilidad en los parques y lugares similares; la seguridad del tránsito; el costo al gobierno de remover los anuncios; el peligro que pueden crear para los trabajadores los carteles en los postes y otros lugares; y la estética de la comunidad.

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