Menos justicia para el pobre
Por Yanira Hernández Cabiya
yhernandez@elnuevodia.com
De acuerdo con el experto en Derecho constitucional, el licenciado Carlos Ramos, cuando se otorga a los jueces la discreción de otorgar o no la fianza, como sucede en el ámbito federal, se abre la puerta para que ellos decidan usando como base el perfil social y económico del imputado, lo cual expone al sistema a injusticias como las cometidas con Ayala Cruz.
Eso, combinado con el hecho de no tener los recursos necesarios para costear abogados competentes desde el inicio del proceso, expone a los indigentes a permanecer presos aun cuando existan fallas procesales o técnicas que los puedan liberar de culpa.
"Tengo la impresión de que cuando los jueces tengan la discreción, dependiendo del acusado que tengan de frente, en esa misma medida la decisión de si representa peligro o no puede variar", indicó Ramos a El Nuevo Día.
En el caso de Ayala Cruz, y desde el momento de su encarcelamiento, este manifestó que no era la persona que estaban buscando. Pero de inmediato no contó con un abogado de alto nivel que pudiera rebatir la prueba presentada por el Estado. Jordan es un joven desempleado que vive en un residencial público en Cataño.
Entre la prueba que un juez federal debe tomar en consideración para determinar la peligrosidad de un imputado está su arraigo con la comunidad y que exista prueba clara y convincente de que pudo haber cometido el delito que le imputan.
Contra Ayala Cruz pesaba la confesión de Alexis Amador Huggins, quien admitió en ese momento la forma vil en la que Ayala Cruz supuestamente le había quitado la vida al estudiante Stefano Steenbakkers. Todo resultó falso.
Esta semana se descorrió un velo y trascendió que Ayala Cruz no participó en el crimen y que el dedo que haló el gatillo matador estaba en la mano del propio Amador Huggins.
"En el ámbito federal la peligrosidad de un individuo es la base para denegar la fianza. Usualmente, a los muchachos pobres es fácil probarles esa peligrosidad porque han tenido problemas previos o no tienen un arraigo con la comunidad, porque vienen de familias disfuncionales y tampoco tienen un trabajo estable", comentó Ramos.
El mayor peligro al cual se enfrentan los imputados injustamente de delito es que tendrían una participación más limitada en la preparación de su defensa, lo que reduce a su vez las posibilidades de tener un juicio justo.
Ni hablar de las implicaciones que tiene para una persona el quedar privado de su libertad...
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