Muda ante restricciones de acceso al mar

Pese a que los casos y denuncias de privatización de playas son abundantes, poco o nada ha hecho desde su creación hace 18 años la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas en Puerto Rico para intervenir y defender el derecho de acceso de los ciudadanos al principal recurso natural del País.

Esta peligrosa tendencia –y la responsabilidad de la Junta al respecto–, se agrava ahora que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) podría imponer como política pública la venta o traspaso de áreas alto valor natural, incluyendo las playas, a fin de obtener dinero para pagar la deuda pública. Esta es una facultad que le confiere la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA).

Una investigación de El Nuevo Día y el Centro de Periodismo Investigativo encontró que, por los pasados 18 años, la Junta de Playas ha incumplido con el mandato de la ley que la creó para asegurar la conservación, el libre acceso, el desarrollo ordenado y la seguridad en las playas del país. Se constató que la Junta, adscrita al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), ha estado prácticamente inoperante, sin liderato y con un mísero presupuesto que, además, fue invertido parcialmente en gastos cuestionables, no relacionados a la protección de las costas.

Como organismo, la Junta no se ha pronunciado, por ejemplo, sobre la construcción del proyecto Christopher Columbus Landing Resort en Playuela, Aguadilla, que supone la privatización de las playas del área, según sus opositores.

La Junta tuvo tres reuniones el año pasado y el tema de la privatización de playas solo se discutió una vez, según consta en las minutas. El pasado 19 de mayo, Ruperto Chaparro, director del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y representante del sector académico en la Junta, llevó al pleno el caso de la Cueva del Indio, en Arecibo, cuyo acceso es eje de pugna.

El acceso más fácil a esta reserva natural es a través de una finca privada. Su dueño, el presidente de la empresa Pan American Grain, José González Freyre, cobra una tarifa de $5 a quienes quieran estacionarse allí. El acceso gratuito es por la playa, pero es casi imposible llegar por esa vía debido a las rocas y el oleaje.

En la reunión, la licenciada Mildred Sotomayor, de la División Legal del DRNA, indicó que evalúan posibles accesos y mecanismos legales para ponerle fin a la pugna. Dos de esos mecanismos son la expropiación o una servidumbre de conservación. Se informó, además, que la...

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