NC***Evalúan legislación ante panorama de cierre de negocios
NC***Evalúan legislación ante panorama de cierre de negocios
Rebecca Banuchi
rebecca.banuchi@gfrmedia.com
Twitter: @rebanuchi
La Cámara de Representantes examina tres medidas legislativas que buscan regular ciertos aspectos de las relaciones obrero-patronales cuando una empresa se dispone a cerrar, consolidar o trasladas sus operaciones, o cuando planifica despedir un número significativo de empleados.
Los Proyectos de la Cámara 970, 1257 y 2205 siguen la normativa de la Ley federal de Notificación, Reajuste y Readiestramiento al Trabajador (WARN, en inglés), que aplica a aquellas empresas con 100 empleados o más, y las obliga a notificarles por escrito a los trabajadores o sus representantes sindicales con, al menos, 60 días de anticipación cuando se dispongan a cerrar sus operaciones o despedir masivamente a la plantilla.
El objetivo es que los empleados afectados tengan un poco de tiempo para hacer los ajustes necesarios para encarar el despido, y que el gobierno pueda movilizarse oportunamente para ofrecer asistencia a los perjudicados.
A pesar de que avaló la intención legislativa, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) recomendó este lunes a los miembros de la Comisión cameral de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro del Servicio Público incluir una serie de enmiendas para aclarar el alcance de los proyectos, a quiénes aplicaría y bajo qué condiciones se tendrían que notificar las cesantías.
"Aunque el DTRH coincide con la intención del legislador de requerir a todo patrón notificar con anticipación a cada empelado un plan de cesantías, teniendo como norte nuestro deber de velar por los mejores intereses de los obreros, la medida que se apruebe debe ser una que, de igual forma, proteja sus empleos, y evite imponer una carga adicional al pequeño y mediano comerciante, a quienes les aplicaría este nuevo requerimientoâ, manifestó durante una vista pública la licenciada Dimarie Méndez, procuradora del Trabajo en el DTRH.
Méndez, quien acudió en representación del secretario Vance Thomas, mostró especial preocupación en torno a los efectos que tendrían las sanciones contempladas en las piezas legislativas sobre las pequeñas y medianas empresas (PyMES) que incumplan sus disposiciones. El Proyecto de la Cámara 970 establece que se penalice con una multa de $2,000 por cada empleado afectado al que las empresas no hagan la debida notificación, mientras que el Proyecto de la Cámara 2205 propone que la sanción sea de $5,000.
...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba