NC***Posible monitor federal para el pleito de clase del Hospital Psiquiátrico

NC***Posible monitor federal para el pleito de clase del Hospital Psiquiátrico

Mariana Cobián

mariana.cobian@gfrmedia.com

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El juez federal Francisco A. Besosa podría nombrar un monitor en el pleito de clase conocido como Hospital Psiquiátrico, lo que representaría un costo adicional para el gobierno estatal.

En una conferencia de estatus realizada ayer, martes, en el caso de Roberto Navarro Ayala y Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio en contra del gobierno -que data de 1974 y fue reabierto en junio pasado-, el juez advirtió a las partes de la posibilidad de designar a un monitor para que asista en el caso e investigue si los cambios en el tratamiento de salud mental cumplen con el plan de rehabilitación.

El juez pautó una vista de estatus de seguimiento para el 15 de diciembre, y adelantó que hablará con un potencial monitor que "podría estar nombrado para la próxima conferencia de estatus".

La abogada del Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio, Judith Berkan, estuvo de acuerdo con la posible designación de un monitor. Mas el gobierno, representado por Arlene R. Pérez Borrero, se opuso a dicho nombramiento por los costos que conllevaría.

En el caso del monitor federal de la Reforma de la Policía, Arnaldo Claudio, devenga un sueldo de $215,000 anuales y los costos operacionales de su oficina son de $1.5 millones, que paga el gobierno estatal.

Pérez Borrero solicitó que antes de cualquier nombramiento, se lleve a cabo una vista evidenciaria en la que podría demostrarse los servicios que están proveyendo. El tribunal mostró preocupación porque desde que el caso se cerró en 2005, no se le dio seguimiento a los servicios de rehabilitación y es necesario realizar una inspección para ver que los pacientes estén recibiendo el cuidado apropiado.

El 19 de junio pasado Besosa ordenó reabrir este caso, tal como solicitó el Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio.

La parte demandante alegó que no se estaba cumpliendo con lo ordenado por la corte en 2005 por el entonces juez federal Héctor Laffite relacionadas al plan de rehabilitación. El gobierno alegó que no era necesario reabrir el caso por entender que estaba cumpliendo con el mismo.

En la misiva de septiembre de 2014, el presidente del Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio, Víctor Báez, indicó que los servicios en el Centro de Salud Mental Comunitario San Patricio están en riesgo de ser eliminados, que recientemente no se renovaron los contratos...

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