Línea fina entre seguridad y derechos
Por Mildred Rivera Marrero
mrivera1@elnuevodia.com
En general, el Estado implanta ese tipo de medidas aprovechando momentos de incertidumbre e inseguridad a nivel individual y público por eventos que han ocurrido o por circunstancias que crea el mismo aparato gubernamental. Y el nivel de aceptación pública sobre estas medidas -que van desde extremas hasta ilegales e inconstitucionales, y que disminuyen los derechos que tienen los ciudadanos- depende del conocimiento que tenga la ciudadanía de esos derechos y del ambiente de temor que se genere en la sociedad.
Ese fue el caso en Estados Unidos después del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, en 2001, cuando el gobierno aprobó el Patriot Act y tomó acciones que degeneraron en lo que se ha llamado "una sociedad vigilada". Entre otras cosas, se intervinieron las principales compañías de comunicación para espiar y grabar miles de millones de llamadas y correos electrónicos (a razón de 1,700 millones por día) de cualquier individuo que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) creyera sospechoso.
El alcance de esas medidas -que fueron cuestionadas legalmente pero los tribunales rechazaron atender- se conoció por el excontratista del gobierno Edward Snowden, quien reveló la intervención telefónica a los líderes de Alemania, Brasil y México. Las críticas a ese estado de intervención gubernamental ha crecido y encuestas del Centro de Investigación Pew demuestran que los residentes en Estados Unidos están menos dispuestos a permitirlo.
Para mitigar el conflicto, el presidente Barack Obama dio a conocer el viernes una directiva presidencial para cambiar la forma de manejar los datos telefónicos que las agencias de inteligencia recogen, pero advirtió que ese espionaje seguirá porque es necesario para la seguridad nacional.
"Frecuentemente, los Estados se escudan con la excusa de la inseguridad creada por el terrorismo o la criminalidad para intensificar o implementar prácticas reconocidas internacionalmente como violaciones de los derechos humanos", explica Pedro Santiago, director ejecutivo de la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional, sección de Puerto Rico.
En el caso de las Fiestas de la Calle San Sebastián fue el asesinato el año pasado de Julio Ramos Oliver a manos de David Bonilla Fernández en medio de la celebración lo que utilizó la alcaldesa Carmen Yulín Cruz para diseñar un plan de seguridad que propuso registros del cuerpo y de las pertenencias de cada asistente, así...
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