Novedoso plan anticrimen
Por Yaritza Santiago Caraballo
ysantiago1@elnuevodia.com
Si el Estado convierte en política pública la Estrategia Nacional de Seguridad Pública Solidaria, lo que actualmente parece imposible puede ser una realidad.
Ese fue el llamado, o más bien, la urgencia que hizo ayer la Comisión para el Desarrollo del Plan de Seguridad Nacional Solidaria durante una cumbre celebrada en la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Río Piedras y a la que no asistió el gobernador Alejandro García Padilla, aunque fue invitado.
"El punto crucial es que este plan sea la política pública del Estado. Se necesita legislación y asignar los fondos para así crearse la estructura. Sin eso, no se puede llevar a cabo el plan que es lo que permite la dirección, la planificación y las guías", dijo Myra Rivera, directora de la Alianza Laura Aponte por la Paz Social (ALAPAS) y miembro de la Comisión.
Este grupo, compuesto por miembros de la academia, gremios profesionales y el sector comunitario, apuesta a que la Estrategia Nacional de Seguridad, la cual se trabajó por más de un año, ayudará a bajar el crimen pues sus propuestas se centran en la prevención.
El plan a largo plazo se basa además en evidencia científica para atender y prevenir la violencia y la actividad criminal, que en Puerto Rico no ha logrado mejorar por el fracaso de estrategias históricas de seguridad.
"Esta es la única propuesta coherente y articulada que tiene el país en este momento para enfrentar el problema de la seguridad social", apuntó el catedrático Samuel Figueroa, expresidente de la Comisión para la Prevención de la Violencia (Coprevi).
De hecho, este plan, del cual ya se tiene un borrador y sus proponentes se encaminan a solicitar que se presente como un proyecto de ley, fue abrazado ayer por varios legisladores que manifestaron su disposición a revisarlo.
La propuesta incorpora el enfoque salubrista, la participación ciudadana, el respeto a los derechos humanos, y establece mecanismos para la rendición de cuentas.
Según Rivera, el plan presenta 130 metas organizadas en siete ejes: institucionalidad (que es la estructura de la estrategia integrando el sector gubernamental), información, prevención, control y sanción, rehabilitación y reinserción social, asistencia a víctimas, y equidad social y económica.
La implantación del plan consistirá en dos fases. La primera buscará crear la estructura de esta estrategia nacional.
Esta fase de implantación, que podría durar dos años, necesitará una...
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