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Nueva política para emitir deuda

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Vincent

Con la expectativa de que Puerto Rico no repita las prácticas que le llevaron al Título III de la ley federal Promesa, la gobernadora Wanda Vázquez Garced envió ayer a la Legislatura un proyecto de ley para establecer ciertos límites en las emisiones de deuda del gobierno y restringir el uso que se le dará al dinero que se toma prestado.En específico, la medida define qué recaudos o transacciones se considerarán a la hora de calcular el margen que establece la Constitución para emitir deuda y dispone que el gobierno solo podrá tomar prestado para invertir en mejoras capitales.La propuesta "Ley de Responsabilidad de Emisión de Deuda" también establecerá que el gobierno podrá refinanciar sus préstamos vigentes solo si logra ahorros en el pago de intereses, que ningún préstamo o bono podrá tener una vida mayor de 30 años y que será la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) la que tendrá la última palabra cuando alguna instrumentalidad de gobierno busque tomar prestado en el mercado de capital."Lo que queremos es dejar un legado", afirmó Vázquez Garced en un encuentro con periodistas de Economía y Negocios, durante el cual, la gobernadora ofreció detalles de lo que será la política pública de Puerto Rico a la hora de tomar prestado.Según Omar Marrero, director ejecutivo de la Aafaf, con el estatuto propuesto, Puerto Rico dejará en el pasado la ambivalencia que ha existido, hasta ahora, cuando se determinaba cuánta capacidad tenía el gobierno para tomar prestado.Pero partiendo de las explicaciones de Vázquez Garced y Marrero, el proyecto ante la consideración de la Legislatura refleja buena parte del lenguaje restrictivo para emitir deuda futura que está contenido en el plan de ajuste de deudas (POA, en inglés) que propuso la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).El pasado 27 de septiembre, la JSF presentó ante la jueza Laura Taylor Swain, quien preside los casos de bancarrota de la isla, el plan para modificar unos $35,000 millones en bonos emitidos o garantizados por el gobierno central y otros $50,000 millones en obligaciones vinculadas con el pago de pensiones.Como parte de ese plan, y aparte de los términos financieros para modificar las deudas vigentes del gobierno central, el documento establece bajo qué condiciones Puerto Rico podrá tomar prestado en el futuro. Según el POA, los lineamientos en materia de deuda pública descansan en las conclusiones del llamado informe del investigador especial de la JSF, Kobre & Kim.En ese...

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