El nuevo laberinto sobre el status
Por José A. Delgado
jdelgado@elnuevodia.com
El procedimiento promete generar largos e intensos debates tanto en la Legislatura de Puerto Rico, donde se tiene previsto iniciar un análisis sobre la convocatoria a una Asamblea de Status, como en los partidos políticos, sobre todo dentro del Popular Democrático (PPD) y el Nuevo Progresista (PNP).
Con la firma del proyecto de presupuesto federal para lo que resta de 2014, el presidente Barack Obama y el Congreso ofrecen un mecanismo que persigue permitir que el secretario de Justicia de Estados Unidos pase juicio en torno a si las alternativas de status de un próximo plebiscito cumplen con las normas federales constitucionales, legales y de política pública.
No hay nada que obligue al Congreso a responder, pero la legislación contiene el mecanismo que era posible aprobar. Para ello la Casa Blanca utilizó una asignación de $2.5 millones destinada a una campaña educativa sobre opciones que permitan solucionar el debate sobre el status.
Antes de entregar el dinero a la Comisión de Estatal de Elecciones, el secretario de Justicia de Estados Unidos deberá informar a los comités de Asignaciones que ha aprobado la campaña educativa sobre el plebiscito, la papeleta de votación y otros materiales.
Por el breve texto sobre el status haber sido añadido al presupuesto para lo que resta del año fiscal federal 2014, la iniciativa se legisló a través de los comités de Asignaciones, no de las comisiones con jurisdicción sobre el asunto.
En su trámite, solo el boricua José Serrano, quien desde la Comisión de Asignaciones de la Cámara veló por su aprobación, habló para el récord legislativo en torno al texto sobre el status.
La legislación, lejos de ser el proceso vinculante para el Congreso que el presidente Obama y los demócratas prometieron de cara a las elecciones de 2012, tiene su trasfondo en un esfuerzo parecido que se hizo en el año 2000.
En octubre de 2000, a días de las elecciones generales, la Casa Blanca de Bill Clinton logró incluir otro breve apartado en un proyecto de presupuesto que otorgaba $2.5 millones para una campaña educativa de una futura votación sobre opciones de status en la Isla.
Debido a los cambios de gobierno en Washington y San Juan, y a que los fondos expiraban con el año fiscal 2001, la iniciativa quedó más como un gesto simbólico. Esta vez la asignación de fondos no tiene fecha de expiración.
La intención de sus promotores -entonces y ahora- ha sido enfrentar al PPD con las...
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