No atajan la corrupción los nuevos códigos

Por EUGENIO HOPGOOD DÁVILA

eugenio.hopgood@gfrmedia.com

Ese compromiso no se articuló en el vacío ni como parte de un eslogan de campaña, sino que se hizo cuando este diario solicitó a todos los legisladores la entrega voluntaria de sus planillas y estados financieros como parte de un esfuerzo sin precedente que hizo El Nuevo Día para investigar y dar a conocer el estatus de las finanzas de senadores y representantes.

En aquel momento, el entonces senador García Padilla se presentó con los portavoces de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) y entregó un grupo de los documentos de varios legisladores del PPD.

Allí todos hicieron el compromiso de reformular los códigos de ética en pro de la transparencia fiscal y de que, a su vez, se establecieran claros mecanismos de sanciones para obligar a los legisladores a exhibir la conducta esperable de un funcionario público de ese nivel.

Tras la aprobación de la Ley de Reforma Legislativa, algunos de los cambios en dichos códigos también debían responder a la necesidad de regular mejor la actividad extralegislativa ya que la nueva ley abolió el horario de los legisladores de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. y permite trabajos privados en horas diurnas, siempre que este no presente conflicto de interés y no ocupe tiempo en el que el legislador está citado a trabajos legislativos.

Pero, ¿son en realidad más estrictos los nuevos códigos de ética? Un examen de estos apunta a que en algunos temas se avanzó en ese objetivo mientras que en otros no y en algunas instancias se abre más la puerta a conductas cuestionables y antiéticas.

En cuanto a otros trabajos, negocios y contratos, en la Cámara se eliminó una excepción amplia que permitía al legislador hacer negocios con el gobierno cuando "no constituya un claro y manifiesto conflicto de interés".

Las reglas básicas no cambiaron, excepto que en la Cámara se obliga al representante a "consultar con la Comisión de Ética antes de hacer cualquier gestión de generar ingresos fuera de la Legislatura y a someter un informe juramentado que será documento público sobre los ingresos, y sus fuentes". Mientras, en el Senado, no hay consulta a la Comisión de Ética, sino que "se le notifica" antes de emprender la gestión.

La Cámara mantuvo y el Senado adoptó una norma cuestionable que permite a los legisladores "representar a personas ante agencias gubernamentales" para lograr que estos obtengan "contratos, permisos, licencias o pagos reclamados" siempre que lo haga "en...

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