Obispo Iglesia Católica V. E.L.A. 2014 T.S.P.R. 86
| Autor | Dra. Ruth E. Ortega-Vélez |
| Páginas | 171-176 |
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Derecho Evidenciario.
Hechos: El Departamento de Justicia, por conducto del Fiscal de Distrito de Arecibo, emitió varios subpoenas contra el Obispo Católico de la Diócesis de Arecibo, el monseñor Daniel Fernández Torres y su Vicario General, el Rev. Luis Colón García. La información solicitada se relacionaba a unas investigaciones internas que realizó la Diócesis tras recibir varias querellas en las que se denunciaba conducta sexual impropia por parte de sacerdotes. La investigación se realizó conforme al procedimiento uniforme que estableció la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, organismo que reúne a todos los obispos católicos de la Isla.
El Obispo de Arecibo encomendó la investigación al Vicario General, quien entrevistó y tomó declaraciones a las presuntas víctimas, querellantes y otros testigos en ausencia de terceros y garantizándoles que la Diócesis mantendría lo comunicado en confidencialidad. Ese proceso produjo varios expedientes que recogieron los documentos preparados durante la investigación. Junto al Vicario General, participaron de la investigación el Obispo, notarios, consultores y profesionales que aportaron pericia, por lo que solamente algunos de los que intervinieron eran sacerdotes o clérigos de la Iglesia Católica. Los hallazgos de la investigación se refirieron a la Congregación para la Doctrina de la Fe, organismo de la Iglesia Católica. El proceso culminó en la expulsión de seis sacerdotes de la Diócesis.
El 30 de enero de 2014 se emitieron los primeros dos subpoenas, uno dirigido al Obispo y otro al Vicario General. Ambos documentos solicitaban que comparecieran o suministraran los nombres, direcciones y toda la información relacionada a los querellantes (tanto menores como adultos) que hubiesen alegado ser víctimas de delitos sexuales cometidos por sacerdotes adscritos a la Diócesis durante los últimos diez años. También solicitaron información sobre cómo la Diócesis y las personas responsables atendieron y resolvieron las
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querellas internamente en la Iglesia Católica. Para cumplir con los
requerimientos, la Diócesis presentó una lista que contenía los nombres de los
sacerdotes contra quienes se presentaron las querellas.
El Fiscal de Distrito de Arecibo emitió dos subpoenas adicionales contra el Obispo. En el primero, se le requirió al Obispo de Arecibo suministrar la misma información solicitada mediante el primer subpoena que le remitieron. En el segundo requerimiento, el Obispo fue citado a comparecer para entregar información sobre la investigación relacionada a los alegados delitos sexuales cometidos para el año 2009 por el exsacerdote Edwin Mercado Viera. En esos dos requerimientos se citó al Obispo para que compareciera a la Fiscalía de Arecibo el 12 de febrero de 2014 y entregara la información requerida. El mismo día, el Obispo de Arecibo y el Vicario General presentaron una demanda ante el T.P.I. con el propósito de impugnar los subpoenas emitidos por el Departamento de Justicia. En esencia, solicitaron una sentencia declaratoria y la concesión de un interdicto preliminar y permanente en el que se declarara la inconstitucionalidad de los subpoenas emitidos y, a su vez, impidiera la entrega de los expedientes y documentos requeridos.
El Obispo de Arecibo y su Vicario General basaron su reclamo en los fundamentos siguientes: (1) la libertad de culto; (2) la separación de Iglesia y Estado; (3) el derecho a la intimidad y expectativa de privacidad de la Diócesis en relación a sus documentos y procesos internos de investigación; (4) el derecho de intimidad de las presuntas víctimas denunciantes con respecto a las declaraciones de eventos que expresaron ante...
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