Objetan cambios al sistema judicial

La propuesta del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, de alterar el ordenamiento jurídico vigente –sin la oportunidad de una discusión amplia– no sólo podría limitar el acceso a la justicia en tiempos de crisis como los que atraviesa Puerto Rico, sino que, además, minaría la fe en el sistema.

“En momentos en que debemos estar enfocados en ampliar el acceso a la justicia y en dotar a la Rama Judicial de todos los recursos que necesita para adjudicar con rapidez, se está aprobando legislación que va a crear una gran inestabilidad en el sistema”, advirtió el expresidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton.

Rivera Schatz, sin embargo, defendió su propuesta y sostuvo que el Proyecto del Senado 775 –aprobado por ambos cuerpos legislativos– va a hacer del sistema judicial uno “libre de señalamientos de parcialidad, prejuicios y afinidad política”.

La medida coloca en manos del pleno de los jueces del Tribunal Supremo una serie de determinaciones que en la actualidad recaen, exclusivamente, sobre la jueza presidenta, Maite Oronoz.

Igualmente, busca darle participación al pleno del Supremo en la evaluación de jueces desde el momento en que el gobernador hace la nominación.

La pieza reconoce que la jueza presidenta dirigirá la administración del tribunal, tendrá la facultad de designar y asignar los jueces administradores, los jueces de Primera Instancia y los jueces del Tribunal de Apelaciones, pero el pleno del Supremo podrá modificar esas asignaciones, “según surja la necesidad”.

“Esto va a convertir la Rama Judicial en una más ineficiente, porque la Rama Legislativa, so color del poder que tienen los jueces y juezas para reglamentar, socava el poder de administrar que tiene la jueza presidenta y el director administrativo de los tribunales”, observó el profesor de derecho constitucional Carlos E. Ramos.

De acuerdo con el diseño constitucional del sistema vigente, la fase administrativa recae en el juez o jueza presidenta, así como en la figura del director administrativo de los tribunales. El modelo lo que busca es que el resto de los miembros se ocupen del proceso de adjudicación, que es fundamentalmente para lo que existe el máximo foro.

Esto no impide, sin embargo, que los demás miembros del Supremo tengan inherencia en aprobar reglamentación que incluso incide sobre la Rama Judicial, aclaró el licenciado. “Lo que me choca a mí es que se haya hecho, se esté proponiendo e incluso se haya aprobado sin discusión...

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