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Orden judicial para proteger fondos federales

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Vincent

Para que Puerto Rico pueda recibir fondos de asistencia tras el paso del huracán María, el gobierno federal estableció como condición que el tribunal que atiende la renegociación de la deuda pública de la isla restringiera el uso de ese dinero a los trabajos de recuperación y, también, las condiciones bajo las cuales tendrían que devolverse en caso de mal uso.

Esa condición para que Puerto Rico reciba ayuda federal fue satisfecha ayer, cuando la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain acogió una moción urgente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para establecer que ningún acreedor de la deuda pública podrá reclamar para sí los fondos que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) o cualquier otra entidad del gobierno federal otorguen a Puerto Rico como secuela del desastre ocasionado por el ciclón.

La exigencia del gobierno federal para otorgar fondos federales para la recuperación de la isla salió a relucir ayer, cuando el representante del ministerio público federal, Matthew J. Troy, y la asesora legal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF, Suzzane Uhland, detallaron -en intervenciones separadas- las negociaciones que dieron paso a la moción urgente de la JSF como representante del gobierno central y las autoridades de Energía Eléctrica (AEE) y Carreteras y Transportación (ACT).

Tranquilla para recibir fondos

Según Troy, a raíz del huracán María, Puerto Rico puede ser elegible para recibir millones de dólares, no solo de FEMA, sino de otras agencias federales. A manera de ejemplo, Troy explicó que, una vez se produjo la declaración de desastre para la isla, Puerto Rico puede ser partícipe de diversos programas como los que maneja el Departamento de la Vivienda federal, al que se asignarían unos $7,400 millones para responder a los desastres naturales que han afectado la isla y otras jurisdicciones.

Troy aseguró que era necesario establecer en una orden judicial que, en caso de que las agencias estatales no utilicen apropiadamente los fondos federales que se les asignen, el gobierno central tiene la prioridad para reclamarlos con la expectativa de restituirlos al gobierno federal y no queden sujetos a reclamaciones de acreedores.

Las expresiones de Troy sobre el uso de fondos asignados a Puerto Rico fueron las primeras de un oficial del gobierno estadounidense desde que se ventilan los casos de Título III de PROMESA en el foro judicial...

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