Perelló regresa al tribunal

Al final del pasillo del sexto piso del Tribunal de San Juan, en una sala donde el aire acondicionado mantiene un clima polar, iniciará hoy una saga sobre alegada corrupción política y gubernamental que germinó en un escenario federal y salpicó al expresidente de la Cámara de Representantes Jaime Perelló Borrás.

Bajo el foco de las cámaras de televisión, los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza Rosario y Leticia Pabón Ortiz tratarán de probar que Perelló Borrás utilizó su posición para favorecer a su amigo Anaudi Hernández.

El exrecaudador de la Pava, quien se declaró culpable en el foro federal por urdir una red de influencias políticas para agenciarse contratos gubernamentales, formó parte del comité de finanzas del exlíder cameral.

Según una de las nueve denuncias presentadas por los fiscales, Perelló Borrás supuestamente intervino para que la empresa 3Comm Global, propiedad de Hernández, Héctor Vargas, Ramses Maldonado y del exsenador popular Eder Ortiz fuera seleccionada “ilegalmente” para instalar un nuevo cuadro telefónico en la Cámara.

Los fiscales también alegan que Perelló Borrás recibió un donativo de $10,000 del contador público Lutgardo Acevedo, un dato que no informó cuando juramentó sus informes financieros ante la Oficina de Ética Gubernamental.

Actualmente, Acevedo extingue una pena federal de nueve años por conspirar para sobornar al entonces juez Manuel Acevedo Hernández —convicto también por ese soborno— para que lo absolviera del homicidio negligente del guardia de seguridad Félix Babilonia.

Cuando declaró en el juicio federal, que el año pasado culminó con la convicción de los cuatro coacusados Sally López Martínez, Ivonne Falcón Nieves, Marielis Falcón Nieves y Glenn Rivera Pizarro, Hernández indicó que recibió donativos ilegales o en exceso a los límites establecidos. Mencionó que Acevedo aportó dinero a la campaña del entonces candidato a la gobernación Alejandro García Padilla mediante un esquema de pirámide y que la campaña de Perelló Borrás estableció un tope de $75,000.

Los fiscales especiales también presentaron cuatro denuncias contra Rivera Pizarro, un exayudante de la Cámara.

La vista preliminar, que tiene su primer señalamiento hoy, estará a cargo del juez Enrique Silva Avilés, a quien los fiscales trataron de recusar -sin éxito- por un supuesto prejuicio contra la Oficina del...

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