Pide alza 'indispensable' para operar

Cuando esta semana inicien las conversaciones sobre el presupuesto entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el gobernador Pedro Pierluisi tendrá que justificar gastos que exceden por $700 millones lo autorizado por el ente que controla las finanzas del país.Así lo indicó Pierluisi en una conferencia de prensa virtual en la que reveló algunos detalles del borrador que presentó el martes a la JSF.Aunque el presupuesto para el próximo año fiscal 2022 contiene un recorte en nómina para las principales agencias, el gobernador Pierluisi explicó que le está solicitando a la JSF que aumente aquellas partidas que considera "indispensables para tener un gobierno funcional", de acuerdo a la política pública de la nueva administración."Hay un sinnúmero de recortes porque partimos del presupuesto propuesto por la Junta. En muchísimos casos, sino todos, había recortes extraordinarios", reconoció el primer ejecutivo.A modo de ejemplo, el plan fiscal certificado exige que el Departamento de Educación recorte $313 millones en gastos de personal para el próximo año fiscal, pues la JSF alega que hay 800 maestros en exceso según sus cálculos de cuál debe ser la proporción de estudiantes por cada maestro. En el Departamento de Salud, el recorte de personal se supone que ascienda a $99 millones y en el Departamento de Seguridad Pública, a $62 millones.En total, el presupuesto del Fondo General propuesto asciende a $10,712 millones. La base presupuestaria establecida por la JSF es de $10,014 millones ."Las proyecciones de recaudos de Hacienda e índices macroeconómicos justifican que haya esta alza presupuestaria… Es hora de que la Junta se ocupe de que tengamos un gobierno que funcione", indicó Pierluisi sobre sus diferencias en cuanto a las proyecciones de recaudos y gastos."La Junta tiene la última palabra, pero vamos a justificar cada peso", agregó.Define sus prioridadesEntre sus prioridades, el primer ejecutivo detalló están otorgar un alza salarial a los oficiales correccionales, y contratar a inspectores del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO)...

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