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Pide excluir el ELA y pone el ojo en las exenciones

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Vincent

WASHINGTON.- Por iniciativa del demócrata boricua José Serrano, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes recomendó al Departamento de Justicia de EE.UU. excluir el actual status territorial de un próximo referéndum, y reclamó que se rinda cuenta sobre exenciones fiscales federales y locales que existen en Puerto Rico.Como parte del informe que acompaña el proyecto de ley que incluye las asignaciones al Departamento de Justicia federal para el año fiscal federal 2020, el Comité también pidió a esa agencia que, 45 días después de que su presupuesto se convierta en ley, notifique "los formatos de la papeleta electoral" y "los materiales de educación a los electores" que estaría dispuesta a avalar la de cara a una próxima consulta en la isla que sea regulada por un estatuto federal de enero de 2014.Aunque no puede obligar al Departamento de Justicia de EE.UU. a excluir el llamado Estado Libre Asociado (ELA) de las alternativas de status, "el Comité le da su opinión", dijo ayer Serrano, quien preside el subcomité de Asignaciones de Comercio, Justicia y Ciencias, en entrevista con El Nuevo Día. "Tienen que responder a la petición" sobre "las alternativas de status" que pudieran aceptar, sostuvo el congresista demócrata, quien se retira en 2020 y por décadas ha denunciado la relación colonial entre Puerto Rico y EE.UU.Los reclamos se hacen antes de que el gobierno de Puerto Rico, como ha previsto el gobernador Ricardo Rosselló Nevares en o antes de las elecciones generales de noviembre de 2020, intente organizar un referéndum cuyas alternativas de status y la campaña educativa sean avaladas por el secretario de Justicia de EE.UU., como permite la ley federal.Junto con el entonces comisionado Pedro Pierluisi, Serrano promovió el pasado cuatrienio, ante el presidente Barack Obama, el lenguaje que luego se convirtió en ley que permite al secretario de Justicia de EE.UU. certificar las alternativas de status y la campaña educativa de un referéndum dirigido a "resolver" el status en la isla, a cambio de $2.5 millones que se le entregarían a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).Aunque el gobierno de Rosselló Nevares comenzó las gestiones con Justicia federal de cara al plebiscito del 11 de junio de 2017, no esperó por el análisis final de la oficina del entonces secretario Jeff Sessions. La consulta -en la que la estadidad obtuvo el 97% de los votos- se celebró sin el aval de Justicia federal, en medio un boicot de la oposición y tuvo...

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