Piden que se desestimen las demandas contra el gobierno
Por Frances Rosario
frances.rosario@gfrmedia.com
Sin embargo, el juez que escuchó los argumentos a favor y en contra de la desestimación, Ángel Ocasio Pagán, no pudo adoptar ayer una determinación porque por asuntos de antigüedad le toca a la jueza Gisela Romero atender los reclamos de las partes. Ella estuvo ausente de sus funciones durante esta semana.
Pese a que no tenía poder decisional, Ocasio Pagán escuchó las argumentaciones de ambas agencias, representadas por los abogados Claudia Juan García y Rafael Escalera Rodríguez, quienes en esencia reclamaron que el caso no está "maduro" y los demandantes no tienen "legitimación activa" para alegar la inminencia de un daño irreparable, pues la Ley 3 del 4 de abril de 2013, entra en vigor el 1 de julio de este año.
Por su parte, los abogados de los 68 empleados de la Oficina del Contralor, Judith Berkan, de 49 agentes de la Policía, Iván Crespo, así como de 351 empleados de la Rama Judicial y 57 de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Edgar Pabón, reclamaron que la ley está vigente, pues se les ha reclamado a sus clientes que informen a la brevedad posible si se acogerán o no al Retiro. Estos abogados también se opusieron a que las tres demandas se consolidaran, según también solicitó Justicia y Retiro.
Las argumentaciones de las partes se dieron en una sala repleta de empleados públicos.
Durante su turno para justificar la desestimación del caso, el abogado Juan García, quien representó a Justicia, precisó que los demandantes no pueden argumentar que sufrirán un daño irreparable con los cambios que el Gobierno introdujo a Retiro, ya que al menos se les garantiza una mensualidad de su pensión.
Alegó que estos empleados, a pesar de que con la Reforma las personas que se retiren después del 1 de julio recibirán un pago más bajo al que le correspondería con la Ley 447 o la Reforma del 2000, vigentes en la actualidad, no tendrán el beneficio de varios bonos, como el de verano y el de medicamentos.
"No cabe duda que el interés del Estado es asegurar, por lo menos, que esos empleados, yo siendo también empleado público, que tengamos en su día una pensión. Si no se hace una reforma correcta, de manera inmediata, el resultado final es que no van a recibir pensión ninguna. Así que en un balance de intereses, que es lo que le corresponde al Tribunal, entendemos que la medida (recortar beneficios) es más que razonable" para lograr la estabilización del Sistema de Retiro, explicó la abogada.
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