Piden fiscalizar a Vivienda

WASHINGTON.- La organización Ayuda Legal Puerto Rico denunció ante la Oficina del Inspector General del Departamento de la Vivienda federal (HUD, en inglés) que un plan para usar hasta $2,175 millones en fondos CDBG-DR carece de guías para evitar desplazamientos irrazonables por parte del gobierno.Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de la organización, indicó ayer que el plan de acción y las guías dirigidas a poner en marcha el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación "no contemplan medidas de mitigación y adaptación a riesgos para evitar desplazamientos".Las guías fueron publicadas por el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico el 15 de junio. No fue posible ayer obtener una reacción de la agencia."Sería una verdadera tragedia que, en lugar de finalmente facilitar la reparación de los destrozos que causó el huracán María a cientos de miles de hogares, la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y el Departamento de la Vivienda agraven la situación de las personas más pobres de nuestro país a través de exclusiones, desplazamientos forzosos y del desmantelamiento de las comunidades más vulnerables", indicó Godreau Aubert, al dar a conocer una querella presentada el 1 de julio.Godreau Aubert argumentó que las guías emitidas por el gobierno de Puerto Rico incumplen con los requisitos de HUD sobre el uso de los fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres, conocido por sus siglas en inglés CDBG-DR.El programa del gobierno de Puerto Rico establece que hogares ubicados en llanuras inundables "que cualifiquen para una rehabilitación que sea considerada una mejora sustancial" recibirán "asistencia de relocalización".Más de 200,000 viviendas en la isla están ubicadas en zonas inundables, dijo Godreau Aubert.Según la portavoz del grupo, las guías deberían tener parámetros claros para asistir a las personas que no tienen un título de propiedad y proteger la integridad de las comunidades que se verían afectadas por las relocalizaciones que proponga el gobierno.Pero, hasta el momento, dijo Godreau Aubert, lo único que ha indicado Vivienda es que las personas sin título formal de propiedad serán referidas a un programa de autorización de título, del cual no se tienen detalles."Las personas tienen derecho a vivir en condiciones seguras. Tanto la mitigación -para la que se recibieron fondos- como la adaptación pueden ser alternativas. En aquellos casos donde hay que...

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