Piden interdicto contra directivos del Instituto de Estadísticas
Ayer, por primera vez desde su creación, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) se vio obligado a acudir a los tribunales para que ese foro emita un interdicto contra sus propios directivos, luego de que la destitución de varios directivos por parte del gobernador Ricardo Rosselló Nevares creara una controversia jurídica sobre la existencia de dos juntas de directores para una misma entidad.
Los abogados José R. Conaway Mediavilla y Mariana I. Hernández Gutiérrez acudieron al Tribunal de Primera Instancia en representación del IEPR para solicitar un interdicto preliminar contra los integrantes de la junta de directores de esa entidad hasta el pasado 21 de julio y contra aquellos nombrados por Rosselló Nevares a partir de esa misma fecha para que estos desistan de tomar cualquier acción. Esto, hasta que la corte decida, mediante sentencia declaratoria, si las disposiciones de la Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico (Ley 3 de 2017) pueden aplicarse retroactivamente y si el gobernador “libremente” puede aplicar el estatuto que firmó en enero pasado, obviando los criterios establecidos en la ley orgánica del IEPR y la jurisprudencia en el tema.
El IEPR solicitó el auxilio de la corte, demandando a los cuatro integrantes destituidos por Rosselló Nevares el pasado 21 de julio, Antonio Fernós Sagebién, Ana L. Dávila Román, Sonia Balet Dalmau y Marta Álvarez Burgos. El IEPR también demandó al directivo que permaneció en su cargo bajo las dos juntas de directores, Arnaldo Cruz Sanabria, a la presidenta de la Junta de Planificación, María Gordillo, y a los dos directivos, cuyos términos habían vencido, pero continuaban siendo miembros del cuerpo rector. Estos últimos, Alex López Echegaray y Bethsié Rosa Reyes, fueron renominados por Rosselló Nevares.
“La controversia de derecho que se ha generado sobre la validez legal y efectividad de las destituciones y nombramientos anunciados por el gobernador ha causado confusión, incertidumbre, inestabilidad y desasosiego en el país, entre los empleados y contratistas del Instituto, el director ejecutivo y el único miembro de la junta que no fue objeto de destitución ni nombramiento”, reza el recurso.
El pasado 21 de julio, para evitar que la junta de directores designara a un director ejecutivo por un período de 10 años según establece la ley del IEPR, lo que según el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario...
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