Pierluisi y García Padilla chocan por Promesa

Fueron dos de los principales promotores de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos, lo que dio paso a la ley federal Promesa. Pero tienen posturas distantes en cuanto al alcance y los poderes que le confiere este estatuto a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) así como la receta para enderezar las finanzas de la isla.

Mientras, el excomisionado residente en Washington Pedro Pierluisi le reconoce a la JSF poderes “incuestionables”, el exgobernador Alejandro García Padilla recalcó que el organismo -creado en el 2016- solo tiene poder en materia estrictamente fiscal y de manera limitada.

Sin embargo, en entrevistas separadas con El Nuevo Día concurrieron en que la JSF ha logrado avances hasta el momento, que eran inminentes los choques que hoy día se dan entre el gobierno y el organismo federal, que el gobierno debe tener -al igual que la Junta- representación legal y que toda controversia desembocará en el tribunal.

No obstante, reconocieron que esta última vía, el tribunal, sería un riesgo que haría que el camino para la reestructuración de la deuda, bajo el Título III de Promesa “uno largo”. Además, se alargaría lograr otros objetivos de Promesa: que la isla regrese a los mercados y lograr presupuestos balanceados para que la JSF desaparezca.

Hombro con hombro

García Padilla, pese a que no milita en el mismo partido del gobernador Ricardo Rosselló, respaldó la postura del primer ejecutivo de no ejecutar directrices de la JSF para reducir las pensiones y modificar el estado de derecho en materia laboral. Todas estas medidas fueron incluidas en los planes fiscales develados ayer por la JSF que serán discutidos hoy y mañana.

García Padilla se hizo disponible para hacer causa común con el gobernador Rosselló. Vaticinó que el pueblo los avalará y que estas medidas de austeridad no prevalecerán en el tribunal. Más aun, que el pueblo tampoco acogerá las recomendaciones del organismo a cargo de las finanzas de la isla porque son “medidas recesivas republicanas” que contraerán aún más la economía.

“No las van a poder imponer porque el país las va a rechazar. En gobierno hay una cosa básica que se llama legitimar la gestión gubernamental. Tiene que ser legítima. Por ejemplo, el gobernador es legítimamente gobernador porque fue electo por el voto de un pueblo, puede gustarle o no gustarle a la gente. Una medida impuesta por la junta, sin haber convencido el país, va a tener un problema serio de implantación”...

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