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Pierluisi puede forzar una auditoría

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Vincent

Pese a que se busca que en los próximos meses se ajuste la deuda de los puertorriqueños con los bonistas y acreedores en general, como parte del pleito de bancarrota presidido por la jueza Laura Taylor Swain, el Estado tiene alternativas para impulsar que, antes que se alcance ese acuerdo final, se audite lo adeudado.Recientemente, el gobernador Pedro Pierluisi reiteró su interés de encomendarle a la Oficina de la Contralora una auditoría de la deuda pública de Puerto Rico, de modo que se adjudiquen responsabilidades por el endeudamiento excesivo que llevó a la isla a la bancarrota bajo un proceso especial creado por el Congreso estadounidense con la ley Promesa.Según el abogado especialista en la Ley Promesa, Rolando Emmanuelli Jiménez, actualmente, la representación legal del gobierno de Puerto Rico en el proceso de bancarrota podría pedirle a la jueza que detenga el plan de ajuste de la deuda mientras se encamina la auditoría para determinar qué parte fue legítimamente contraída.Indicó, además, que, si se procede con la imposición de un plan de ajuste de la deuda, documento que elabora la Junta de Supervisión Fiscal en conversaciones con los acreedores, el gobierno podrá negarse a aprobar cualquier legislación que se requiera para reorganizar lo adeudado, hasta que termine el análisis sobre la legitimidad de las acreencias."Yo creo que él tiene el sartén por el mango. Él puede trancar el dominó hasta que se presente un plan de ajuste que sea correcto y que tome como base una auditoría", dijo ayer Emmanuelli Jiménez, quien ha representado a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y...

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