Píldora que atraganta la economía
Por Joanisabel González
joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com
El mensaje era bastante escueto y tenía que ver con "un impuesto a las foráneas".
Mientras desde el otro lado del mundo Fernández activaba a sus colegas para descifrar la noticia que salía desde La Fortaleza, el presidente de la Asociación de Industriales (AIPR), Pedro Watlington, recibía unas tres horas más tarde aquí -o sea como las nueve y treinta de la noche- una llamada telefónica del secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), José Pérez-Riera.
La plática fue breve y se centró en invitar a Watlington a una reunión, que se celebró el pasado domingo en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
Allí, el gabinete económico del gobernador Luis Fortuño informó a Watlington y a otras dos docenas de ejecutivos y empresarios de la Isla su intención de cobrarle al sector industrial unos $ 5,689 millones en arbitrios en seis años.
Así pues, y de la misma forma en que el fin de semana del 30 de abril de 2010 cambió para siempre la historia financiera de la Isla por el colapso de una tercera parte del sistema bancario, el liderato industrial puertorriqueño está convencido de que el pasado fin de semana (el del 22 de octubre) puso fin a la credibilidad de Puerto Rico como lugar para hacer negocios.
A una semana de que la administración de Luis Fortuño radicara, y la Legislatura aprobara, el proyecto sustitutivo 2526, Negocios da un vistazo al controversial "arbitrio del 4%" para constatar que el principal sector económico de Puerto Rico se encuentra entre la sorpresa y el coraje, entre el desasosiego y lo injustificable.
Los industriales dicen no estar en modo de pataleta y tampoco en son de amenaza. Aseguran, no obstante, que la Ley 154 comienza a tener repercusiones en la actividad empresarial de la Isla.
Tales consecuencias, presagian, no serán favorables para el sector ni los empleos que representan y, a la larga, tampoco serán favorables para el Gobierno, que busca cuadrar su deficiencia fiscal y financiar una propuesta de reforma contributiva con el impuesto recién aprobado.
En cambio, el Gobierno entiende que la determinación de la administración Fortuño es adecuada.
"Es falso que las manufactureras en la Isla no se afectarán", dice con énfasis Watlington. "Quien paga el impuesto (el arbitrio) es la entidad que compra el producto manufacturado aquí y tanto compradores como manufactureros son subsidiarias de una misma compañía".
"Se afecta todo. La corporación foránea, el...
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