A un año del plebiscito, Washington mira desde lejos
Por José A. Delgado
jdelgado@elnuevodia.com
Sectores claves del Congreso han reconocido el rechazo que el 54% de los electores de Puerto Rico dio el 6 de noviembre de 2012 al status territorial.
La Casa Blanca, que maneja el asunto con guantes de seda y últimamente con un silencio sepulcral, interpretó los resultados del plebiscito como una expresión a favor de resolver el status y reconoció, luego de titubeos, que la estadidad obtuvo mayoría en la segunda pregunta.
Pero en Washington, hasta el momento, la respuesta -con gradaciones- va encaminada a dejar prácticamente en manos del gobierno de Puerto Rico ordenar un próximo proceso de status.
Cómo será esa próxima consulta es lo que aún no está definido.
Aunque en la Cámara de Representantes está pendiente una legislación pro estadidad del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, en el Senado federal ha quedado marginada la teoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) de que la estadidad ganó el plebiscito con el 61% de los votos y que el próximo paso debe ser un proceso de admisión de la Isla como estado.
La postura más contundente la asumió en agosto el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado federal, el demócrata Ron Wyden (Oregón), quien no vio un mensaje claro en la segunda pregunta del plebiscito, pero ha afirmado que es evidente la oposición de la mayoría de los electores de Puerto Rico a la continuación del estado libre asociado (ELA) territorial actual.
Wyden hizo una clara advertencia al PPD de que por su comité no pasará ninguna propuesta que persiga mejorar el ELA bajo un status que le mantenga amarrado a la cláusula para territorios de la Constitución de Estados Unidos.
En esta sesión del Congreso, que termina en diciembre de 2014, la única alternativa referente al status de Puerto Rico que se percibe con posibilidades reales es la petición presupuestaria del presidente Barack Obama, que asignaría $2.5 millones para ayudar a financiar un nuevo plebiscito en la Isla.
La consulta, de celebrarse este cuatrienio, sería reglamentada por el gobierno del PPD y los fondos condicionados a que el secretario de Justicia de Estados Unidos revise si las alternativas de status cumplen con las normas constitucionales del Gobierno federal. La intención es examinar cualquier ELA bajo un escrutinio estricto.
El lenguaje sobre el status de Puerto Rico -integrado al proyecto de presupuesto 2014 para el Departamento de Justicia federal- fue aprobado en el Comité...
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