Ley Núm. 321 de 06 de Noviembre de 1999. Política Pública sobre obligaciones económicas a municipios
| Evento | Ley |
| Fecha | 6 de Noviembre de 1999 |
LEY 321 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 1999
Para establecer como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que no se podrá mediante legislación imponer obligaciones económicas a los gobiernos municipales sin identificar y asignar los recursos que podrán utilizar los municipios para atender tales obligaciones, establecer como compulsoria la obligación de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales y del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales de emitir opinión mediante informe sobre el "Impacto Fiscal Municipal"; requerir que se haga formar parte de todo informe de comisión de la propia medida legislativa el informe "Impacto Fiscal Municipal"; y disponer para que se incluyan en las medidas legislativas salvaguardas específicas para subsanar cualquier impacto fiscal negativo.
El Artículo VI, Sección 1, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece la facultad de la Asamblea Legislativa para "determinar lo relativo al régimen y función" de los municipios.
En el ejercicio de esa autoridad, esta Asamblea aprobó la "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991".
Dicha Ley concede a los municipios los poderes y facultades esenciales para un funcionamiento gubernamental democrático, efectivo y autónomo para descargar sus funciones y servir a la comunidad inmediata.
Esto, en armonía con la implantación de la política pública que rige la operación y administración de los servicios a la comunidad de Puerto Rico en general, canalizada a través de las agencias del Gobierno Central y mediante una coordinación articulada con los gobiernos municipales.
Esta Ley representa la fuente legal de donde emanan los derechos y poderes conferidos a los municipios y la misma le reconoció a éstos su autonomía en el orden jurídico, económico y administrativo.
En armonía con la buena política pública fiscal y administrativa, enunciada en la Ley de Municipios Autónomos, también es necesario establecer como política pública que no se aprobará legislación que imponga obligaciones económicas a los gobiernos municipales sin identificar y asignar los recursos que podrán utilizar los municipios para atender tales obligaciones.
De esta manera, se fomenta una mayor responsabilidad fiscal de los municipios, a la vez que se le da vigencia a su autonomía fiscal.
Es de gran...
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