Álgido primer día sobre vistas de quiebra de El Vocero

POr miguel díaz román

miguel.diaz@gfrmedia.com

El Vocero reportó deudas por $90 millones, siendo el gobierno de Puerto Rico el acreedor de más de una tercera parte de ese monto. A su vez, dos terceras partes de los $34 millones que CIN le debe al Estado corresponden al impago de contribuciones al Departamento de Hacienda.

Por su parte, el representante legal de Hacienda, el licenciado Michael P. Richman, se opuso enérgicamente a la forma "acelerada y poco transparente" con la que se ha querido que el Tribunal Federal apruebe un acuerdo de compra venta "sin que se sepa nada de las finanzas de Publi-Inversiones y de los inversionistas que la integran".

También estuvieron presentes las licenciadas Carmen Figueroa, en representación del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), a quien se le adeudan $2.6 millones; la licenciada María Figueroa, en representación del municipio de San Juan, que tiene una deuda de $2 millones y el licenciado Rafael González, en representación de la Upagra, el sindicato que representa a los trabajadores del diario.

La argumentación más álgida surgió por parte de Richman, quien destacó el alto interés público que revestía la quiebra de El Vocero, pues además de adeudar a Hacienda más de $20 millones en retenciones contributivas de sus empleados, "también adeuda contribuciones sobre ingresos desde 2006, cuando dejó de radicar planillas, y desde el 2007 las planillas de IVU", lo que representa un impago del impuesto desde que fue establecido por ley.

Los alegatos de Richman en defensa del interés público en el recobro del dinero de una de las deudas por cobrar más cuantiosa del Departamento fueron presentados ante el grupo de abogados de CIN y Publi-Inversiones, que en un principio se mostraban confiados en prevalecer en sus solicitudes. La primera empresa fue representada por el licenciado Alexis Fuentes y la segunda por Charles Cuprill.

En su turno, Richman cuestionó duramente la falta de información sobre la empresa Publi-Inversiones.

"No tenemos información financiera de esta empresa, ni sus libros ni sus desgloses de pagos contributivos ni cuál es su capacidad financiera. Tampoco sabemos nada de sus inversionistas, quiénes son y a qué negocios se dedican. Llama la atención la falta de transparencia en todo esto", enfatizó Richman.

El letrado también cuestionó el monto de $3 millones pautado entre CIN y Publi-Inversiones por el diario en un acuerdo que se presentó junto con la quiebra y que aún no ha...

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