Privatización con fondos federales
El gobierno abrió ayer el proceso para convocar a las empresas interesadas en operar, dar mantenimiento, mejoras y manejo del servicio de lanchas para las islas municipio de Vieques y Culebra, y de Cataño y San Juan.
Pero la concesión de esta operación al sector privado, por 23 años, depende de que el gobierno federal brinde garantías y avale el uso de sus fondos para hacer mejoras capitales, según se desprende de los documentos publicados por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP).
En el estudio de viabilidad y la solicitud para cualificar empresas (RFQ, en inglés), la administración de Ricardo Rosselló reconoce la frágil situación fiscal del gobierno y la existencia de una Junta de Supervisión Fiscal. Por lo tanto, “para mitigar los riesgos asociados a la habilidad de Puerto Rico para mantener el subsidio (estatal) bajo una alianza pública (APP), la Autoridad ha iniciado discusiones preliminares con diferentes entidades, como el Departamento de Agricultura Federal (USDA, en inglés), como conexión para dar asistencia financiera al proyecto, como una garantía”, indica el estudio de viabilidad.
“Nosotros estamos transfiriendo los riesgos de financiamiento y operación al sector privado”, dijo el director ejecutivo de la AAPP, Omar Marrero, quien no descartó identificar “otros fondos federales” para viabilizar la concesión.
Esta es la segunda APP para la que se anuncia la apertura de la solicitud. La primera fue en mayo pasado, para la construcción de un proyecto de viviendas para estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, pero la del sistema de transporte marítimo es la primera anunciada para transferir servicios del gobierno.
Durante una mesa redonda encabezada por el gobernador, Marrero destacó que al presente el gobierno aporta $40 millones del Fondo General para subsidiar el sistema de transporte de las lanchas, que está bajo la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM).
Pese a la privatización, el servicio seguirá siendo subsidiado, aunque no se precisó cuánto dinero seguirá aportando el gobierno por concepto de subsidio.
La expectativa es que esta privatización represente un ahorro para el gobierno de $227 millones en subsidios por los 23 años de vida de la transacción, dijo Marrero, cerca de $10 millones por año. Mientras que por esa cantidad de años, el subsidio del gobierno equivaldría a $920 millones.
Sin embargo, no se precisó cuándo se comenzarían a materializar esos ahorros ni...
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