Se profundiza la inestabilidad de los municipios
La crisis fiscal que ya atravesaba la mayoría de los municipios se ha multiplicado tras el paso del huracán María. Los ingresos por concepto de patentes y contribuciones no llegan hace casi dos meses y la carga económica para responder a la situación de emergencia ha minado las arcas.
Ante ese escenario -el cual parece no tener un final cercano- los ejecutivos municipales del Partido Popular Democrático (PPD), agrupados bajo la Asociación de Alcaldes, no descartaron imponer medidas de austeridad adicionales a las aplicadas el año pasado.
“Estoy seguro que todos los municipios están expuestos a tener que reducir la jornada laboral o eliminar plazas de manera permanente porque todos estamos expuestos a que tengamos carencia de ingresos”, advirtió el presidente de la Asociación y alcalde de Cayey, Rolando Ortiz.
Según reportes de El Nuevo Día para agosto de este año, 15 municipios habían tenido que imponer reducción en la jornada laboral, algunos de hasta un 50%. Entre los pueblos impactados, están Vieques, Toa Baja, Las Piedras y Cabo Rojo.
La situación de los municipios ha ido en decadencia en las pasadas décadas tras asumir cargas impuestas por el Estado, como el aumento en la aportación a los Sistemas de Retiro, la subvención del Plan de Salud del Gobierno y la reducción en la aportación gubernamental.
Aunque no han podido generar data específica sobre el impacto económico que han sufrido los municipios tras el impacto de María, Ortiz enfatizó que el golpe ha sido severo.
Los ejecutivos municipales han tenido que asumir trabajos de recuperación y primera respuesta que no estaban presupuestados, como el recogido y disposición de escombros y la compra y suplido de diésel y gasolina.
Aunque parte del dinero invertido será reembolsado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), ese ingreso no representará una mejoría automática en las arcas. “Antes de los huracanes Irma y María, 40 municipios estaban a punto de cerrar sus operaciones. Con este impacto que hemos tenido, ya tenemos casi dos meses de cero actividad económica comercial... pone en precario la situación fiscal”, dijo Ortiz.
Uno de los reclamos de los alcaldes populares -en el que han sido consistentes y al que se han unido en el pasado homólogos del Partido Nuevo Progresista (PNP)-, es la devolución de $350 millones en ingresos por concepto de aportaciones que el gobierno central le recortará a los municipios entre este año fiscal y el siguiente.
“En este momento...
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