Protección para mayores

 
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En un proceso criticado por la procuraduría creada para defender a las personas de mayor edad, la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley para sustituir la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada, que integra conceptos como el de "envejecimiento activo" y áreas sociales y económicas como algunas de las que deben potenciarse para beneficio de esa población.El Proyecto del Senado 1310, que crearía la "Ley para establecer la política pública y la Carta de Derechos de los Adultos Mayores", derogaría la Ley 121, aprobada en 1986 y conocida como la "Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada en Puerto Rico". Ese estatuto, que ha sido enmendado 11 veces, más recientemente en 2014, estableció la política pública de derechos y protección para personas de 60 años o más y delineó el marco de acción para diversas agencias del gobierno.La legislación aprobada mantiene las facultades del Departamento de la Familia para adoptar normas y reglamentos, y establecer procedimientos para poner a funcionar ese estatuto e intervenir en situaciones de maltrato, entre otras.Pero el nuevo proyecto, además, designa a Familia como la agencia líder de un comité que deberá "evaluar, promover y supervisar" la implantación de la política pública que establece el documento. El comité estaría integrado por la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, Vivienda, Seguridad Pública, la organización AARP, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), y miembros de las comisiones de Cámara y Senado que atienden los asuntos de adultos mayores.El proyecto aprobado también elimina las referencias al Estado Libre Asociado y las sustituye por Gobierno de Puerto Rico.La Ley Número 76, que creó la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (Oppea), establece que, "en armonía" con la Ley 121 y otras leyes, esa entidad "fiscalizará, investigará, reglamentará, planificará y coordinará con las distintas agencias públicas y/o entidades privadas el diseño y desarrollo de los proyectos y programas encaminados a atender las necesidades de la población de edad avanzada". Asimismo, como ente independiente, "fiscalizará la implantación y cumplimiento por las agencias públicas de la política pública en torno a este sector".Nuevo lenguajeEl nuevo proyecto se mantiene dirigido a personas de 60 años o más, pero cambia el concepto de "personas de edad avanzada" por el de "adultos mayores" e integra el concepto de...

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