A punto la investigación federal sobre la Policía boricua
Por José A. Delgado
jdelgado@elnuevodia.com
El representante de la ACLU en Puerto Rico, William Ramírez, trató este asunto ayer desde Washington con la alta dirección de la organización, incluido su director ejecutivo, el boricua Anthony Romero, y el responsable de su división legal, Steven Shapiro.
"Se decidió adoptar la situación de Puerto Rico como un caso de prioridad", indicó Ramírez.
Además, Ramírez hará hoy una visita de cortesía a los funcionarios de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal que han estado a cargo de la investigación.
"La violencia que existía (en 2008) bajo el Partido Popular Democrático (PPD) se ha llevado a otro nivel, y a un nivel político. Ahora se quiere usar la Policía como un 'amansa pueblo'", indicó.
Desde 2008, tras denuncias de abusos policiales en contra de residentes de la comunidad Villa Cañona, en Loíza, la ACLU logró que Justicia federal abriera una investigación sobre incidentes en que oficiales policiales "han hecho uso de fuerza excesiva, registros e incautaciones inconstitucionales y actuaciones discriminatorias".
Ramírez sostuvo que no ha pasado ni una hora antes de que él le refiera a la División de Derechos Civiles de Justicia federal cada incidente de represión que ha ocurrido en Puerto Rico durante los últimos dos años, incluidos los actos de violencia policial contra estudiantes, sindicatos, el cierre de las gradas del hemiciclo del Senado, la discriminación en contra de dominicanos y el esfuerzo por "destrozar" el Colegio de Abogados.
"Han querido reprimir hasta los que están a cargo de asegurar que se haga justicia", dijo en referencia al Colegio.
"La investigación (nuestra) sigue en marcha", reafirmó, por su parte, Xochitl Hinojosa, portavoz de Justicia federal, sin querer ofrecer otros detalles sobre la etapa en que se encuentra la pesquisa.
Desde diciembre de 2010, dijo Ramírez, ACLU ha estado a la espera de que Justicia federal rinda su informe.
Ramírez cuestionó, a su vez, que el Gobierno de Puerto Rico haya contratado un bufete de abogados en Washington con el aparente propósito de hacerle frente a la investigación del Gobierno federal en vez de asumir una conducta destinada a corregir las fallas que prevé se le señalarán próximamente.
Según la publicación Noticel, el Gobierno de Puerto Rico ha contratado al bufete de Wilmer, Cutler, Pickering, Hale y Dorr -a un costo de hasta $ 800,000- con la intención de combatir la investigación de Justicia federal.
...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba