Reencuentro con la intención de cerrar las calles
Por Keila LÓPEZ Alicea
keila.lopez@elnuevodia.com
Durante años, los controles de acceso han sido utilizados como mecanismos para evitar la entrada de personas a las comunidades con el fin de velar por su seguridad. No obstante, la Ley de Control de Acceso de Vehículos de 1987 establece que los portones son para controlar el flujo de vehículos en estos sectores, no para prohibir su paso.
"La ley (20 de 1987) lo que autoriza es solamente a mantener un registro de las personas que entran y no es una prohibición. Eso lo ha explicado el Supremo", dijo el planificador Julio de Jesús.
El estatuto, además, establece que, para autorizar un cierre, los residentes no pueden impedir la entrada de personas externas a la comunidad para recibir servicios de instalaciones ubicadas dentro de la comunidad, como iglesias, escuelas, hospitales y clubes cívicos, entre otros.
Desde el 2004, la Congregación de los Testigos de Jehová ha presentado distintos recursos legales para exigir que se le permita realizar su misión de evangelizar casa por casa dentro de urbanizaciones cerradas, pues la tradición era que los residentes o los administradores no les permitían pasar de los portones.
Los argumentos de la congregación religiosa se basaban en que los controles de acceso atentaban contra su libertad de culto, mientras que los residentes de diversas urbanizaciones ripostaban que limitar el paso mediante el control de acceso propiciaba una mayor seguridad comunal.
De Jesús recordó que el Tribunal Supremo ha interpretado en numerosas ocasiones que el control de acceso no fue creado para limitar la entrada a urbanizaciones.
"La ley es clara en cuanto a su propósito, el problema ha sido la implantación de los residentes porque lo que se establece es que los portones son para controlar y mantener un registro de quien entra y quien sale. En realidad, lo están usando para limitar el acceso y con eso se pierde de perspectiva que las áreas comunes son propiedad del municipio, son propiedad pública", expresó el planificador, quien dirige la Oficina de Planificación del municipio de Vega Baja.
Pero la noción de que los controles fueron diseñados para mantener a gente fuera de las urbanizaciones será difícil de cambiar.
Aunque está consciente de que las calles de su comunidad están bajo la titularidad del municipio, la encargada de la seguridad de la urbanización El Plantío, en Toa Baja, Sonia Piscani, argumentó que es necesario que los residentes mantengan el control sobre...
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