CONTRA EL RELOJ LA PRESIDENTA DE LA UNIVERSIDAD
Las medidas que tomará la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para restablecer el acceso al Recinto de Río Piedras permanecen en un plano desconocido a horas de que la presidenta interina, Nivia Fernández, tenga que regresar al Tribunal de San Juan para detallar las gestiones concretas que realizó para cumplir con la sentencia del foro apelativo.
Cuando el reloj marque hoy las 2:00 p.m., Fernández deberá evidenciarle a la jueza Lauracelis Roques Arroyo la existencia de un plan de trabajo dirigido a reabrir el campus riopedrense, que sea ejecutable en 24 horas y que cuente con el aval de la Junta de Gobierno de la institución académica. Esto último deberá estar consignado en una certificación del organismo rector de la institución académica, según requerido por la togada.
Sin embargo, según fuentes, al cierre de esta edición, la Junta de Gobierno de la UPR no había tenido ante su consideración ningún plan de trabajo elaborado desde la presidencia de la institución académica. Los integrantes de la Junta sí tuvieron la oportunidad de discutir, aunque no en persona, lo que aconteció ayer en el Tribunal de San Juan.
La Junta de Gobierno de la UPR tenía en agenda una reunión ordinaria ayer en la tarde. Pero el encuentro, que se realizaría por teleconferencia y en el que se retomaría la discusión del plan fiscal institucional, fue pospuesto por falta de quórum, según el vicepresidente de ese cuerpo, Carlos del Río.
Durante la vista de mostrar causa celebrada ayer ante la jueza Roques Arroyo, la presidenta interina afirmó que, a pesar de las iniciativas que ha tomado, se había visto imposibilitada de reabrir los portones del campus y la única alternativa que le quedaba disponible era la presentación de un mandamus para reclamar la intervención de la Policía y del Departamento de Justicia. El recurso legal fue radicado el domingo.
No obstante, a preguntas de Pedro Vázquez, abogado de los estudiantes demandantes, Fernández reconoció que no ha iniciado procesos administrativos contra las personas que se mantienen apostadas en los portones del recinto e impiden el acceso.
Para iniciar el procedimiento administrativo, dijo, necesitaba que la rectora interina, Carmen H. Rivera Vega, le entregara las querellas y los nombres de los transgresores de las normas institucionales.
Rivera Vega, quien fue excusada de la audiencia judicial, renunció el pasado jueves en medio de la polémica por la posible intervención de la Policía para reabrir el...
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