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Remezón en el Capitolio

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La oficina de la presidencia del Senado se estremeció ayer con el arresto por parte de las autoridades federales de Ángel Figueroa Cruz, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Thomas Rivera Schatz, a cargo de enlazar ese cuerpo legislativo con la comunidad.Figueroa Cruz, quien hasta ayer dirigió la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, fue puesto bajo arresto bajo la sospecha de haber certificado como correctos servicios que presuntamente no se prestaron, pero que fueron pagados con fondos del pueblo de Puerto Rico.Junto al alto funcionario del Senado, quien también presidía la Junta de Subastas de la Cámara alta, fueron arrestados los exasesores legislativos Isoel Sánchez Santiago y Chrystal Robles Báez, por un presunto esquema para facturar servicios de manera fraudulenta al Senado y a la Cámara de Representantes.Rivera Schatz trató ayer de minimizar el impacto que, sobre ese cuerpo legislativo y su persona, tienen estos arrestos, que son los primeros de "muchos más", según expresó la jefa de la fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez."Aquí no hay ningún legislador acusado. Aquí no han implicado a ningún legislador en estas denuncias de hoy (ayer). Ninguna figura política. Hay gente que le falla a la confianza y, si hay un contratista que falló, tiene que responder", despachó el líder senatorial.A juicio de Rivera Schatz, el caso se centra en "una pareja que incurrió en una conducta que el FBI ha investigado y ha procesado"."Y se le imputa al señor (Ángel) Figueroa Cruz haber certificado unas facturas", agregó el presidente del Senado, quien anunció que relevaba a ese funcionario de la dirección de la Oficina de Asuntos Gubernamentales. En el cargo quedó la actual subdirectora Omayra López Cosme."De lo que se trata aquí es que una persona presentó unos documentos falsos y esa persona, en esas facturas, certificó que eso era cierto. Ese formalismo existe en todas las agencias de gobierno y los municipios", dijo Rivera Schatz.Las facturas que Figueroa Cruz certificó son las de Global Instant Consulting Group, presidida por Robles Báez, quien mantuvo un contrato con el Senado desde el 19 de enero de 2017 hasta el 30 de abril de 2018, cuando se le canceló el acuerdo en medio de investigaciones periodísticas que se iniciaban sobre este asunto.Según datos del Senado, Global facturó un total de $52,090 entre los dos contratos que mantuvo en ese cuerpo. El monto de ambos acuerdos era de $60,000.Gabinete...

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