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Río revuelto

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Vincent

En horas de la mañana del viernes, el secretario de la Gobernación, William Villafañe, emitió un lacónico comunicado de prensa en el que anunciaba lo que ya parece una rutina en estos aciagos tiempos post-María: manejar un problema de opinión pública dándole reversa a un plan sin que nadie pague consecuencias ni se haga responsable del error.

Esta vez, el anuncio era la cancelación del contrato que tenía una empresa conocida como CSA para inspeccionar el estado en que quedaron las escuelas públicas tras el paso del huracán. Hasta ese momento, poca gente había oído hablar de CSA, a pesar de que tenía la muy importante tarea de certificar que cientos de escuelas cerradas tras el huracán están aptas para volver a recibir alumnos.

Todo lo que tiene ver con ese contrato está (esto es rutina, también) sumido en una densa nube de opacidad. La secretaria de Educación, Julia Keleher, objeto a diario de acalorados reclamos de comunidades ansiosas de que reabran sus escuelas, mostraba ella misma impaciencia con el paso de jicotea de las inspecciones, pero decía no saber ni quién había firmado el contrato ni por cuál monto.

Todo lo que sabía la secretaria, según se ha visto, era que para reabrir las escuelas tenía que esperar por alguien que, al parecer, tenía otras prioridades. Casi nadie parecía saber detalles del contrato, que no está todavía disponible para examen en los registros de la Oficina del Contralor.

Se supo, como una revelación marginal en medio de la controversia, que había sido otorgado por la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD), una dependencia del gobierno que ha estado virtualmente ausente durante el peor desastre que ha vivido la isla en generaciones.

El director de esta agencia, un tal Abner Gómez, fue extrañamente “enviado de vacaciones” en medio de la emergencia, supuestamente porque estaba, como está todo el país, “exhausto”. Los niños de kínder de las pocas escuelas públicas abiertas quizás, solo quizás, puedan creer que al individuo de verdad lo mandaron para su casa porque estaba “exhausto”.

El tema de CSA se parece mucho a lo que pasó con Whitefish, aunque, hasta ahora, en una escala menor.

Se da un contrato en circunstancias que nadie ha explicado con claridad, a una compañía que no tenía la capacidad para la tarea. Se forma el bembé. Queda Puerto Rico en ridículo. Se cancela. A nadie se le responsabiliza por el fiasco. Seguimos todos cantando a coro “Puerto Rico se levanta”.

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