Rivera Guerra alza las manos
Por Frances Rosario
frances.rosario@gfrmedia.com
"Es parte del proceso. Hay que ser responsable, como siempre he sido. Siempre he dicho las cosas de frente en la política y en mi vida privada. Así también asumo mi responsabilidad", dijo Rivera Guerra a su salida de la sala de la juez Isabel Llompart Zeno, del Tribunal de San Juan, en la que se limitó a decir que era "culpable".
Por meses, Rivera Guerra, quien era representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP), negó haber cometido alguna irregularidad con relación a sus viviendas. No obstante, el escándalo le costó su carrera política pues el PNP lo sacó de la papeleta y fue derrotado cuando se postuló como independiente.
Antes de la admisión de culpa, el abogado que defiende a Rivera Guerra, el licenciado Iván de Luis Miranda, logró establecer un preacuerdo con los fiscales especiales Emilio Arill García y Luz Ivette Burgos Santos.
El acuerdo contempla una reclasificación de los dos cargos que se le imputaban por violaciones al artículo 4.11 de la Ley de Ética Gubernamental a dos por violación al artículo 268 del Código Penal del 2004, el cual estipula como delito menos grave la "negativa a contestar o suplir información fiscal".
Asimismo, se reclasificó un cargo de violación al artículo 9.12 de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico por una infracción al artículo 16 de la misma ley, que cambia a menos grave el delito de usar una propiedad sin permiso, detalló Arill.
El acuerdo también contempla que Rivera Guerra acuda a la OEG antes de que se dicte sentencia el próximo 11 de julio, para que enmiende los informes financieros en los que obvió información.
Aún se desconocen las penas que podrían imponerse a Rivera Guerra con esta declaración de culpabilidad, porque Arill no había sometido su recomendación de sentencia al Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) para la aprobación, según informó.
No obstante, por la violación al Código Penal se le podría imponer seis meses de cárcel o una multa de $500 al exlegislador. Mientras, por vivir en una propiedad sin permiso de uso se le podrían imponer entre 90 días de cárcel o una multa convalidada por días de cárcel, detalló el fiscal especial.
La jueza también advirtió que le podía imponer al exrepresentante una sentencia en la que tendría que cumplir con trabajo comunitario.
Este acuerdo de culpabilidad se logró ayer mismo, debido a una petición hecha por el abogado de la defensa.
"Realmente hubo un diálogo con...
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