Rodríguez Planell V. Overseas, 2003 J.T.S. 141

Autor:Dra. Ruth E. Ortega Vélez
Páginas:280-283
 
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Jurisdicción Federal: Doctrina del Enclave Federal. Desplazamiento de Poder Estatal por el Poder Federal.

Hechos: El Sr. Julio Rodríguez Planell compró a Overseas Military Sales Corp. un automóvil marca Jeep, modelo Cherokee Sport 2000. Según se desprende del expediente, el vehículo adquirido por el recurrido pagó arbitrios locales, licencia de vehículo de motor, y su adquisición fue para propósitos de transitar dentro de la jurisdicción estatal de Puerto Rico.

Luego de tomar posesión del vehículo, el recurrido notó que este presentaba defectos en su pintura, por lo que acudió al establecimiento automotriz Alberic Colón— representante autorizado del fabricante en Puerto Rico— con el propósito de reparar el desperfecto conforme a la garantía. Sin embargo, Alberic Colón se negó a reparar el automóvil, alegando que el recurrido lo examinó e inspeccionó al momento de la compra, adquiriéndolo “as is” (tal como estaba), con pleno conocimiento de que tenía defectos en la pintura. Alegó, además, que precisamente por ese defecto el recurrido negoció y recibió un descuento de $1,600.00 al comprar la unidad, entendiendo y aceptando que dicha cantidad sería la única compensación que recibiría por la condición del vehículo.

El Sr. Rodríguez Planell se querelló ante DACO contra Overseas, Scotiabank de Puerto Rico, Alberic Colón y Chrysler International Services S.A., en la cual alegó que el vehículo adquirido presentaba problemas de fábrica en su pintura. Como remedio, este solicitó la reparación del automóvil, así como transportación alterna mientras se tramitaba dicha gestión.

Overseas compareció ante DACO y haciendo la salvedad de que no se sometía a la jurisdicción de dicha agencia, presentó una moción mediante la cual solicitó que se desestimara la querella en su contra. Adujo, en síntesis, que es una corporación foránea que tiene sus facilidades localizadas en el Fuerte Buchanan, y que se dedica a vender vehículos de motor exclusivamente en bases militares de Puerto Rico. Indicó, además, que sus negocios los realiza únicamente con miembros de las fuerzas. Sostuvo, pues, que debido a esas circunstancias particulares, no le aplicaba el derecho local, estando sujeta únicamente a la ley federal conocida como “Magnuson-Moss Warranty Federal Trade Commission Improvement Act”. Overseas señaló la falta de jurisdicción de DACO para entender en la controversia, apuntando a que la Ley Orgánica de dicha agencia limita su autoridad a proveer remedios exclusivamente al amparo de las leyes de Puerto Rico. DACO declaró sin lugar la solicitud de desestimación presentada por Overseas. La agencia fundamentó su denegatoria en que la Ley Magnuson-Moss, supra, no desplazaba a la Ley de DACO. Además, señaló que si dejara de asumir jurisdicción sobre el asunto en cuestión, se produciría la anomalía de que un grupo de consumidores de vehículos de motor en Puerto Rico ostentaría menos derechos que otros, pues no tendrían acceso al foro más económico, rápido y con mayor peritaje sobre dicha materia.

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El T.A. revocó la resolución interlocutoria recurrida, desestimando la querella en cuanto a Overseas. Sostuvo que DACO no podía entender en el asunto, toda vez que la jurisdicción de los foros locales sobre hechos o controversias ocurridas en alguna base militar de los Estados Unidos sita en Puerto Rico está limitada a aquellos casos en los que no hay derecho federal aplicable y, por tanto, no aplicar el derecho local resultaría en una laguna jurídica. El DACO acudió ante el Tribunal Supremo.

Controversia: Si un residente de Puerto Rico puede solicitar los remedios que le provee el Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, aprobado por el “DACO”, para reclamar por los alegados desperfectos de un automóvil que adquirió de un distribuidor autorizado a hacer negocios exclusivamente dentro de bases militares.

Decisión del Tribunal Supremo: Resuelve que un residente de Puerto Rico puede solicitar los remedios que le provee el Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, aprobado por el DACO, para reclamar por los alegados desperfectos de un automóvil que adquirió de un distribuidor autorizado a hacer negocios exclusivamente dentro de bases militares. A tenor de la doctrina de “enclave federal”, el Congreso ejerció su jurisdicción exclusiva dentro del Fuerte Buchanan permitiendo expresamente la aplicación de las leyes estatales en pro del consumidor que no fuesen inconsistentes con las disposiciones de la Ley Magnuson-Moss, supra. Toda vez que el Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, supra, no conflige con la citada ley federal, el recurrido tiene a su disposición los remedios que le provee el derecho local para reclamar por los alegados desperfectos que exhibe el vehículo que adquirió de Overseas.

Fundamentos legales: El concepto jurisdicción se refiere al poder o autoridad que ostenta un tribunal para considerar y decidir casos o controversias. Conforme a la Ley de la Judicatura de 1994, los tribunales de Puerto Rico son de jurisdicción general, por lo que de ordinario estos pueden entender en toda clase de controversia justiciable que surja dentro de nuestra extensión territorial, al amparo de nuestras leyes estatales. Asimismo, los tribunales de Puerto Rico tienen, como regla general, jurisdicción concurrente con los tribunales federales para atender asuntos que surjan bajo el palio de las leyes federales.

La jurisdicción exclusiva de los tribunales federales sobre algún asunto de derecho federal procede únicamente cuando el Congreso dispone expresamente para ello, o cuando ha sido declarada así por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en situaciones en que la intención del Congreso de privar a los tribunales estatales de jurisdicción sobre dicho asunto federal es patentemente clara.

Cuando los hechos en controversia se suscitan dentro de una base militar de los Estados Unidos en Puerto Rico, el conflicto jurisdiccional se resuelve bajo la doctrina de enclave federal, con arreglo a la cual, aunque el Congreso tenga jurisdicción exclusiva para establecer el derecho que regirá dentro de las bases militares de Estados Unidos, esto no implica que los tribunales federales tengan jurisdicción exclusiva para dilucidar las controversias.

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Dentro de las bases militares de Estados Unidos, el gobierno federal tiene jurisdicción exclusiva en el ámbito legislativo, mas no en el judicial.

El concepto de jurisdicción legislativa se refiere a quién tiene la facultad para regular, mediante legislación, determinada materia, hecho o situación. La jurisdicción legislativa se refiere a qué ley aplica. La jurisdicción judicial se refiere a cuál tribunal (estatal-federal) está autorizado para entender en la controversia que se suscita dentro de un enclave federal. De ordinario, la legislación aplicable a una controversia originada en una base militar es el derecho federal; ello supone que el Congreso efectivamente haya legislado sobre la materia que se dilucida. O sea, que la aplicación del derecho federal a tales situaciones está condicionada a que el Congreso, en virtud del poder plenario que ostenta para regular las actividades de la base militar, haya legislado sobre la materia específicamente en controversia. Si el Congreso no ha legislado para la base sobre un asunto en particular, procede aplicar el derecho privado estatal que no sea incompatible con el federal. Aun cuando haya legislación federal aplicable, puede aplicarse legislación estatal en todo aquello que resulte más beneficioso al reclamante y que no sea incompatible con el derecho federal.

Aunque lo usual en controversias originadas en un enclave federal es que se aplique la legislación que apruebe el Congreso de Estados Unidos, dicha operación no es automática. Así, pues, procede aplicar la ley estatal cuando no hay legislación federal que atienda la controversia directamente, o cuando la primera no es desplazada por la segunda expresa o implícitamente. Es indiscutible que el Congreso tiene jurisdicción exclusiva para legislar sobre las bases militares que el gobierno federal ocupa a través de los diferentes estados y territorios. El Congreso puede ejercer dicha jurisdicción de diversas formas, a saber: 1) legislando expresamente sobre una materia particular, desplazando la aplicación del derecho estatal; 2) no legislando sobre un aspecto y, por tanto, aceptando la aplicación del derecho estatal; 3) legislando sobre un área determinada sin desplazar la aplicación del derecho estatal.

Bajo la doctrina de desplazamiento u ocupación de campo, una ley federal tiene supremacía sobre las leyes estatales cuando la primera no puede coexistir con la segunda. De este modo, se entenderá que el campo está ocupado cuando el Congreso expresamente lo dispone al aprobar determinada ley, o si al reglamentar un área específica, lo hace de una forma tan abarcadora que no cabe duda que la intención federal fue reglamentar la totalidad del área. También se entiende que hay desplazamiento cuando cierto interés o propósito federal es tan dominante que no debe existir reglamentación estatal, o cuando la normativa estatal podría producir un resultado inconsistente con los objetivos federales en determinada zona.

No se presumirá que la legislación federal sustituya a la estatal en determinada zona por el hecho de que el Congreso reglamente un área de forma limitada; se requiere, además, que la ley del Congreso, interpretada razonablemente, esté en conflicto con la ley estatal. Por ende, en ausencia de una prohibición específica en la ley federal contra la ley local, la legislación estatal que complementa a la ley federal es válida, siempre y cuando que la

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estatal no esté sustancialmente en conflicto con la federal.

La ley federal conocida como “Magnuson-Moss Warranty Federal Trade Commission Improvement Act” no desplaza a la legislación estatal o local en la zona de protección al consumidor. El estatuto federal no excluye la aplicación concurrente de legislación estatal que se adhiera o supere beneficiosamente a la protección federal mínima. El Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor (Reglamento 4797 de DACO), no es incompatible con la ley federal “Magnuson-Moss Warranty Federal Trade Commission Improvement Act”. El Reglamento de DACO cumple con las garantías mínimas establecidas por la ley federal, y contiene disposiciones más precisas y detalladas que el estatuto federal, ofreciendo así mayores protecciones al consumidor. El Reglamento de DACO provee unas garantías que abarcan en un mismo instrumento una extensa gama de situaciones inherentes al negocio de compraventa automotriz, desarrollando favorable-mente los postulados que contiene la ley federal “Magnuson-Moss”.

A tenor de la doctrina de enclave federal, el Congreso de los Estados Unidos ejerció su jurisdicción legislativa exclusiva dentro del Fuerte Buchanan, permitiendo expresamente la aplicación de las leyes estatales en pro del consumidor que no fuesen inconsistentes con las disposiciones de la ley federal “Magnuson-Moss”. Habida cuenta de que el Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor aprobado por DACO no conflige con esta ley federal, el ciudadano tiene a su disposición los remedios que le provee el derecho local para reclamar por los alegados desperfectos que exhibe un vehículo de motor que adquirió en el enclave federal.

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