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Poder de Nombramientos y de Remoción de Funcionarios del Gobernador.
Hechos: La señora Janet Santana comenzó en el servicio público del Gobierno de Puerto Rico en el Departamento de Educación. Posteriormente pasó a laborar a la Oficina del Gobernador donde ejerció el cargo de Ayudante a cargo de Asuntos Federales. Allí laboró de enero de 1997 a julio de 2000, cuando fue nominada por el Gobernador Rosselló González, para ocupar el cargo de Directora Ejecutiva del Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos por el término de cuatro años, conforme dispone el Art. 5 de la Ley Núm. 97 de 18 de diciembre de 1991.
En mayo del 2000, el Gobernador Rosselló González promulgó la Orden Ejecutiva 2000-06 designando al Consejo de Desarrollo Ocupacional como el depositario y administrador de los fondos asignados a Puerto Rico por la Ley de Inversión en la Fuerza Trabajadora, el “Workforce Investment Act”, Ley Núm. 105-220, 112 Stat. 946 (1998), 29 U.S.C. §§2801-2945 (2002). Los fondos WIA, que ascendían a $300 millones de dólares, pasaron entonces a ser administrados por el Consejo de Desarrollo Ocupacional.
Al juramentar como gobernadora Sila Calderón, designó al licenciado Víctor Rivera Hernández como Secretario del Departamento del Trabajo. La Gobernadora promulgó una Orden Ejecutiva donde dispuso que todos los puestos en el servicio de carrera que estuvieran vacantes en ese momento permanecieran sin ocupar. Dispuso además que se requiriera la autorización previa del Secretario de la Gobernación cuando fuera necesario ocupar alguna de las vacantes existentes en las agencias del Estado.
La demanda instada en este caso alega que a raíz del nombramiento del licenciado Rivera Hernández y este asumir el cargo de Secretario del Trabajo, la señora Santana comenzó a experimentar acciones discriminatorias en su contra que culminaron con su destitución como
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Directora Ejecutiva del Consejo de Desarrollo Ocupacional. La carta de destitución enviada por la Gobernadora a la señora Santana tiene fecha de 7 de marzo de 2001 y le achaca a esta actos de insubordinación. La señora Santana y su esposo presentaron ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico una demanda por discrimen político bajo la ley federal de derechos civiles, 42 U.S.C. sec. 1983. En la misma, solicitaron daños compensatorios y punitivos y que se expidiera un remedio interdictal. Se demandó en su capacidad personal como oficial a la señora Gobernadora, al Secretario del Trabajo, al Director del Consejo, Xavier González Calderón, y al representante en la Región II del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, el señor Ralph Muñiz.
Los demandados, en su capacidad personal...
