Sellada la muerte del BGF

En los próximos dos a tres años, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) establecerá un programa de separación voluntaria para sus 204 empleados o estos podrán trasladarse a otras agencias a través del programa de Empleador Único, venderá la mayor parte de sus propiedades y buscará cobrar todos los préstamos que sea posible.

Y a pesar de todo ello, el BGF no tendrá dinero para pagar a sus bonistas y depositantes, según el plan de liquidación certificado ayer por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

De acuerdo con el plan, a enero pasado, el BGF exhibía un déficit de unos $891 millones, un cuadro que, según su presidente, Christian Sobrino, no permite otra cosa que no sea disponer de los escasos recursos que posee la institución y distribuir lo que pueda obtenerse de estos entre bonistas y depositantes.

Ayer, luego de medio siglo de auxiliar a corporaciones públicas y al Gobierno central y de servir de tarjeta de crédito para proyectos de gobernadores que no duraron más de cuatro años, el BGF no tuvo otra voz por su causa que la de Sobrino, quien como posible último presidente de la institución, tuvo a su cargo la tarea de solicitar a la JSF que autorizara un plan para el cierre paulatino de la institución financiera.

“El análisis de sostenibilidad de la deuda incluido en el plan indica que servir a depositantes, bonistas y otros acreedores según los términos contractuales, no es posible”, indicó Sobrino a los integrantes de la JSF.

La discusión del plan fiscal del BGF fue el primer punto, luego de los asuntos administrativos, en los trabajos de la JSF, organismo que ayer condujo su séptima reunión pública en el auditorio del edificio Alexander Hamilton, el mismo recinto donde ubica la corte de quiebras del distrito sur de Nueva York.

Durante la reunión, la JSF también certificó los planes fiscales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y aquellos de Carreteras (ACT) y Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Depositantes o bonistas. Sobrino hizo claro que el plan fiscal no define lo que sin duda será una controversia judicial: cómo y cuándo se distribuirá el poco dinero que genere el BGF, en los próximos 10 años, entre los bonistas y depositantes de la institución.

En el caso del BGF, los bonistas -que poseen unos $3,877 millones en notas del banco- suelen ubicarse en el mismo nivel de prioridad que los depositantes, en este caso y en su mayoría, agencias y municipios. Estos últimos, según el plan, poseen unos $3,520 millones en depósitos.

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