Sentencia de Tribunal Apelativo de 05-09-2024, número de resolución KLAN202400565

LEXTA20240905-004 - Autoridad De Carreteras v. Brigida E. Almonte Valerio

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juezAdames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de septiembre de 2024.

Comparece la parte apelante, Brígida E. Almonte Valerio, Stillo Hair Studio, Inc. t/c/c Stillo Hair Studio Unisex, y nos solicita que revoquemos la Resolución emitida y notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 13 de mayo de 2024. Mediante dicho dictamen, el foro primario declaró Ha Lugar la solicitud de reconsideración promovida por la parte apelada, Autoridad de Carreteras y Transporte de Puerto Rico.

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se modifica el dictamen apelado y, así modificado, se confirma.

I

El 13 de febrero de 2019, la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT o apelada) incoó una Demanda sobre cobro de dinero en contra de Brígida E. Almonte Valerio (Almonte Valerio), Stillo Hair Studio, Inc. t/c/c Stillo Hair Studio Unisex (apelantes).^[1] Alegó que, el 14 de mayo de 2012, las partes otorgaron un contrato de Permiso de Entrada y Ocupación sobre un inmueble sito en San Juan, propiedad de esta, para que Almonte Valerio operara su salón de belleza. Indicó que establecieron un canon mensual de $430.00, a ser pagado por adelantado dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, y un cargo por demora de un 6% del canon estipulado después de quince (15) días de vencida la obligación de pago. Arguyó que, para el 11 de enero de 2019, la parte apelante adeudaba $25,900.00 por concepto de cánones mensuales no pagados por el uso de la mencionada propiedad, más $1,554.00 de cargo por demora, para un total de $27,454.00. Planteó que, a pesar de todas las gestiones de cobro realizadas, la parte apelante no había pagado lo adeudado. Sostuvo que dicha deuda estaba vencida, líquida y exigible. Según adujo, el contrato suscrito entre las partes establecía que podía dar por terminado el contrato cuando vencieran tres (3) cánones mensuales, razón por la cual lo daba por finalizado. En virtud de lo anterior, solicitó que se ordenara a la parte apelante a pagar lo adeudado, así como cualquier otra suma de dinero por concepto de cánones que se acumulara hasta que se desocupara la propiedad, conforme a lo ordenado en el Caso Núm. SJ2018CV11154 sobre desahucio, más los intereses acumulados del 6%. Asimismo, solicitó el pago de las costas, gastos y honorarios de abogado.

Por su parte, el 13 de marzo de 2019, la parte apelante presentó una Contestación a Demanda y Reconvención.^[2] En esencia, negó las alegaciones esbozadas en su contra y afirmó que el contrato en cuestión estaba vencido. Arguyó que la ACT incumplió su obligación como arrendadora de asegurar el disfrute de la propiedad, toda vez que, luego de la destrucción del local ocasionado por el paso del huracán María, la ACT nunca reparó el inmueble. Señaló que había realizado reparaciones a la propiedad y que, en la alternativa, la ACT estaba obligada a devolver o compensar el valor de las mismas. Además, sostuvo que la ACT se había negado a recibir los pagos ofrecidos por esta. Por otro lado, en cuanto a la reconvención, planteó que el local estaba inoperante desde el paso del mencionado fenómeno atmosférico, por lo que se había extinguido la obligación por pérdida de la cosa arrendada. Argumentó que había aportado más de $25,000.00 de su peculio para la reconstrucción del inmueble y, hasta ese momento, no había podido culminar ese proceso. Por ello, solicitó que se declarara No Ha Lugar la acción de epígrafe y se declarara Ha Lugar su reconvención.

En respuesta a la reconvención, el 29 de marzo de 2019, la ACT sometió una moción mediante la cual negó las alegaciones allí vertidas.^[3] Indicó que la parte apelante no había desalojado voluntariamente la propiedad en cuestión, aun cuando fue la parte perdidosa en un pleito de desahucio (Caso Núm. SJ2018CV11154), forzando el inicio de un procedimiento de lanzamiento en su contra. Según adujo, después del paso del huracán María, la parte apelante había emitido varios comunicados por escrito en los cuales admitía que quería permanecer en el local, razón por la cual se instó una acción de desahucio en su contra. Afirmó que, mientras la parte apelante permaneciera ocupando el inmueble, la deuda continuaría aumentando hasta que culminara el procedimiento de lanzamiento. Argumentó que la parte apelante no pagaba los cánones de arrendamiento previo al paso del huracán María y después de este, según surgía de la Certificación de Deuda y del historial de facturación y pagos anejados a la demanda.

Así las cosas, el 22 de octubre de 2019, la ACT presentó una solicitud para enmendar la demanda, a los únicos efectos de añadir una causa de acción sobre enriquecimiento injusto.^[4] Sobre ello, indicó que existía una clara política pública de proteger el erario. Argumentó que, el hecho de que la parte apelante ocupara la propiedad en controversia durante varios años, sin contrato vigente y sin pagar canon alguno, operó en detrimento de dicha política pública, razón por la cual operaba la doctrina de enriquecimiento injusto.

Pendiente lo anterior, el 21 de enero de 2020, la ACT instó una Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial y Desestimación de la Reconvención.^[5] En síntesis, reiteró que la deuda correspondiente al periodo de vigencia del contrato —hasta el mes de mayo de 2015— estaba vencida, líquida y exigible. Adujo que, por ello, no se requería la celebración de una vista en su fondo, ya que no procedía las defensas de pago y/o de incumplimiento de contrato levantadas por la parte apelante. Alegó que, según surgía de la Certificación de Deuda y conforme a lo admitido por la parte apelante en su contestación al primer pliego de interrogatorios, esta no emitió pago adicional durante la vigencia del contrato desde su último pago parcial de $330.00 realizado en enero de 2014. Sostuvo que, en dicha contestación al interrogatorio, la parte apelante aceptó que los pagos realizados por esta eran los reflejados en la Certificación de Deuda anejada a la demanda. Por tanto, arguyó que procedía el pago de $6,980.00 correspondientes al periodo de enero de 2014 hasta mayo de 2015, por el tiempo que la parte apelante ocupó y utilizó el local incumpliendo su obligación de satisfacer los cánones de arrendamiento mensuales, según estipulado en el contrato suscrito por las partes. Además, solicitó el pago de $418.80 por concepto del 6% de cargos por demora para dicho periodo, más las costas y honorarios de abogado.

A su vez, la ACT solicitó que se desestimara la reconvención por constituir cosa juzgada. Sobre ese particular, detalló que en el Caso Núm. SJ2019CV11154 sobre desahucio, la parte apelante presentó una reconvención con los mismos planteamientos que la instada en el presente pleito, la cual fue desestimada y cuya determinación advino final y firme.

El 11 de febrero de 2020, la parte apelante se opuso.^[6] En esencia, alegó que existían controversias de hechos y derecho sustanciales que no permitían la dilucidación de este pleito por la vía sumaria. Reiteró que la propiedad arrendada quedó inservible por el paso del huracán María y la ACT no reparó ni habilitó el inmueble para su uso. Arguyó que había invertido más de $25,000.00 para la reconstrucción del local, con conocimiento de la ACT, quien aceptó y consintió tácitamente los arreglos, así como las reparaciones, realizadas para habilitar el espacio arrendado para poder utilizarlo para el fin por el que se arrendó. Adujo que era una constructora de buena fe, que tenía derecho sobre lo edificado y que se le reconociera un crédito por su inversión.

En cuanto al planteamiento de que aplicaba la doctrina de cosa juzgada en lo alegado en la reconvención, la parte apelante sostuvo que no existía una perfecta identidad entre las cosas litigiosas, toda vez que, en el caso de desahucio, el bien protegido era la posesión de la cosa arrendada, mientras que en el presente pleito se reclamaba el cobro de alegados cánones de arrendamiento adeudados. Sobre ello, detalló que, por la naturaleza sumaria de la acción del desahucio, no podía reclamar la indemnización por las reparaciones necesarias que realizó al inmueble arrendado, con el fin de conservarlo y poderlo utilizar para lo que ordinariamente se le destinó.

En atención a la solicitud de enmienda a la demanda pendiente, surge de la Minuta de la vista de seguimiento celebrada el 8 de diciembre de 2022, que el Tribunal de Primera Instancia determinó que dicha solicitud se tornó académica.^[7] Ello, debido a que el foro primario dio por sometido el petitorio sumario y la oposición a este, los cuales incluyeron argumentos relacionados a los planteamientos esbozados en la demanda enmendada.

Examinadas las posturas de las partes, el 20 de enero de 2023, notificada el 23 del mismo mes y año, el foro a quo emitió una Sentencia Parcial mediante la cual declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria parcial promovida por la ACT.^[8] En consecuencia, ordenó a la parte apelante el pago de $6,980.00 por conceptos de cánones de arrendamiento adeudados, $418.00 por cargos por mora a razón de 6%. El foro sentenciador aclaró que el petitorio sumario era para atender únicamente lo adeudado durante la vigencia del contrato hasta mayo de 2015, mientras que...