Sentencia de Tribunal Apelativo de 12-10-2022, número de resolución KLRA202200496

LEXTA20221012-015 - Carlos Rivera Roman Parte v. Departamento De Correccion Y Rehabilitacion Parte

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores

Rodríguez Flores, Juez Ponente.

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 2022.

Comparece por derecho propio el señor Carlos Rivera Román^[1] (recurrente), quien se encuentra confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, y solicita que revoquemos una determinación emitida por la División de Remedios Administrativos de dicha agencia, concerniente a su petición para que se gestionaran ciertas citas para recibir servicios médicos ante la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

Examinado el escrito del recurrente, así como los documentos anejados al mismo, prescindimos de la comparecencia de la parte recurrida, Departamento de Corrección y Rehabilitación^[2] y, por los fundamentos que expondremos a continuación, resolvemos confirmar la determinación recurrida.

I.

Según surge de los documentos que conforman el expediente ante nuestra consideración, el 14 de julio de 2020, el recurrente completó tres (3) hojas de Informe Patronal de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) por accidentes laborales ocurridos los días 23 de abril de 2020, 22 de junio de 2020, y 11 de julio de 2020.

El 6 de junio de 2022, el recurrente presentó la Solicitud de Remedio Administrativo núm. ICG-759-2022 ante la División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación. En ésta, solicitó que su técnico socio penal lo ayudara a gestionar sus citas para los tres casos de la CFSE “ya que h[abía] agotado los recursos a través del remedio administrativo LCG-259-2022”.

El 14 de junio de 2022, la División de Remedios Administrativos emitió la Respuesta del Área Concernida/Superintendente. En ésta, el capitán Eliezer Guzmán Pabón le indicó al recurrente lo siguiente:

Notifica la oficial correccional asignada a los casos de los confinados en el Fondo de Seguro del Estado, que verificó con el F.S.E. y le notificaron que el confinado no tiene citas pendientes.

En desacuerdo, el recurrente interpuso una Solicitud de Reconsideración. En el escueto escrito, alegó que no estaba de acuerdo con la respuesta emitida. La solicitud de reconsideración fue recibida por la agencia el 12 de agosto de 2022.

En la Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población Correccional, el Departamento de Corrección y Rehabilitación denegó la petición de reconsideración del recurrente y, consecuentemente, confirmó la respuesta del área concernida. En particular, se le explicó al recurrente lo siguiente:

Respecto a su solicitud de reconsideración, se le informa del área de sociales de la Institución Guerrero de Aguadilla, que usted será visto en entrevista con su social el Sr. Carlos Vélez próximamente para que usted esté en la mejor disposición en qué (sic) lo orienten y comenzar a realizar las gestiones para la cita del Fondo del Seguro del Estado. Para así comenzar con el debido proceso.

Inconforme aún, el recurrente instó el presente recurso por derecho propio el 29 de agosto de 2022, recibido en la Secretaría de este Tribunal el 8 de septiembre de 2022. Como señalamiento de error, expuso que el Departamento de Corrección y Rehabilitación no atendió correctamente su solicitud de remedio administrativo. Denunció que la Sra. Zoraida Vélez, coordinadora de las citas ante la CFSE, ha sido negligente en la tramitación de las citas relacionadas con sus accidentes laborales y, con ello, ha impedido que éste reciba un trato médico digno.

II.

Es doctrina reiterada que las decisiones de los organismos administrativos merecen la mayor deferencia judicial. Moreno Lorenzo y otros v. Depto. Fam., 207 DPR 833, 839 (2021); Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117, 126 (2019); OSC v. CODEPOLA, 202 DPR 842, 853 (2019). Ello, en vista al gran conocimiento especializado y experiencia que las agencias ostentan. OCS v. Universal, 187 DPR 164, 178 (2012); Pagán Santiago, et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). Esta deferencia se debe a que son estos los que cuentan con el conocimiento experto y con la experiencia especializada de los asuntos que les son encomendados. OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR ___ (2022), 2022 TSPR 93, pág. 8; The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 (2012); Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 821, 829 (2007); Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 324 (2006); Otero v. Toyota, 163 DPR 716,...