Sentencia de Tribunal Apelativo de 27-02-2023, número de resolución KLAN202200921

Fecha de la decisión27 Febrero 2023
PartesCalidad De Vida Vecinal v. Nydia Esther Green Lopez
LEXTA20230227-003 - Calidad De Vida Vecinal v. Nydia Esther Green Lopez

LEXTA20230227-003 - Calidad De Vida Vecinal v. Nydia Esther Green Lopez

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

CALIDAD DE VIDA VECINAL, INC.

Apelante

v.

NYDIA ESTHER GREEN LÓPEZ, Y OTROS

Apelado

KLAN202200921

APELACIÓN procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de San Juan

Civil número:

SJ2022CV00167

Sobre:

Cobro de Dinero

Regla 60

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y el Juez Monge Gómez.[1]

Monge Gómez, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2023.

Compareció ante este Tribunal la parte apelante, Calidad de Vida Vecinal, Inc. (en adelante, “CVV” o la “Apelante”) mediante recurso de apelación presentado el 21 de noviembre de 2022. Nos solicitó la revocación de la Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de San Juan (en adelante, el “TPI”), el 19 de octubre de 2022, notificada y archivada en autos al día siguiente. Mediante el referido dictamen, el TPI denegó una solicitud de reconsideración interpuesta por CVV de la Sentencia dictada por dicho foro el 23 de septiembre de 2022, notificada y archivada en autos el 4 de octubre de 2022.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se revoca la Sentencia apelada.

I.

El caso ante nuestra consideración inició el 12 de enero de 2022, con la presentación de una “Demanda” de cobro de dinero, al amparo del procedimiento sumario dispuesto en la Regla 60 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60, por parte de CVV en contra de la parte apelada, Sra. Nydia Esther Green López, por sí y en representación de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ella y Rafael Alonso (en adelante, la “señora Green López” o la “Apelada”). Alegó la Apelante que la señora Green López era dueña de una propiedad ubicada en la Calle Cacique Núm. 2012 en la Urbanización Ocean Park del Municipio de San Juan (en adelante, el “Inmueble” o la “Propiedad”). Sostuvo que la Apelada advino titular del Inmueble por virtud de herencia testada de la Sra. Mariana Green Berdecía, quien falleció el 6 de marzo de 1996 (en adelante, la “Causante”).

Asimismo, expuso que la Apelada advino dueña de la Propiedad posterior a la constitución del régimen de control de acceso de la Urbanización Ocean Park (en adelante, la “Urbanización), aprobado por la Asamblea Municipal de San Juan en el año 1994.[2] Aclaró CVV que la Causante no había consentido al cierre de la Urbanización antes de la formalización del sistema. Argumentó que con la aprobación de la Ley Núm. 182-2016, que enmendó la hoy derogada Ley de Control del Acceso del 1987, Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987, según enmendada, 23 LPRA sec. 64 et seq., se incluyeron a los herederos como adquirientes voluntarios, en la misma capacidad que cualquier tercero que adquiere la titularidad de una propiedad sometida al control de acceso de una urbanización y, por tanto, se le impuso a dicho heredero la obligación del pago de las cuotas de mantenimiento.

Arguyó que, como consecuencia de esta enmienda, la señora Green López tenía la obligación de pagar las cuotas de mantenimiento mensuales de la Urbanización desde septiembre del 2016, fecha en que se aprobó la Ley Núm. 182-2016, por haber adquirido la titularidad de la Propiedad mediante herencia. Añadió la Apelante que con la aprobación de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”, 21 LPRA sec. 7001 et seq., se reafirmó que el único adquiriente involuntario lo es el acreedor hipotecario que en cobro de su crédito adquiere un inmueble dentro de una urbanización sometida al control de acceso.

Fundamentada en lo anterior, CVV alegó que la señora Green López, a la fecha de la presentación de la Demanda, le adeudaba la cantidad de $10,213.49, por concepto de cuotas de mantenimiento dejadas de pagar y penalidades, más el 10% en intereses por mora hasta su pago total. Además, expuso que la referida deuda incrementaría por $120.00, más penalidades por cada mes que la señora Green López continuara con su incumplimiento de pago del mantenimiento, conforme a lo legalmente establecido por la Asociación de Residentes. Finalmente, expuso que, conforme a la Sección 2 del Artículo III del Reglamento de la Urbanización, la Apelada tenía que pagar una cantidad de 10% de cuota de reinstalación, que incrementaría mientras el incumplimiento continuara y la deuda de cuotas de mantenimiento siguiera acumulándose.

Expedida y diligenciada la Citación-Notificación, el 22 de febrero de 2022, la señora Green López presentó “Contestación a Demanda”. En esencia, negó todas las alegaciones esgrimidas por CVV e invocó como defensa que ninguna ley tendrá efecto retroactivo para perjudicar derechos adquiridos, al amparo de legislación anterior. Sostuvo que la Ley Núm. 182-2016 era de carácter prospectivo y desde el momento en que heredó el Inmueble se convirtió en la única titular del mismo. Arguyó que en ese entonces el estado de derecho vigente establecía que no estaba obligada a pagar cuotas de mantenimiento porque adquirió por herencia de persona que no había aceptado el cierre de la Urbanización. Así pues, expuso que para todos los efectos de la Ley Núm. 182-2016, tenía que considerarse como la dueña original de la propiedad, ya que al momento de la aprobación del estatuto no estaba en carácter de heredera, sino como una titular.

Luego de varios trámites procesales impertinentes, entre los que figuró la conversión del pleito a uno ordinario, el TPI señaló vista para el 18 de julio de 2022. Llegado el día de la vista, ambas partes expresaron que no existían controversias de hechos esenciales y que lo que restaba era determinar si la señora Green López era responsable del pago de las cuotas de mantenimiento de la Urbanización, a raíz de la aprobación de la Ley Núm. 182-2016. A esos efectos, el foro primario les concedió a las partes hasta el 19 de agosto de 2022, para presentar memorandos de derecho.

El 19 de agosto de 2022, CVV presentó “Moción de Sentencia Sumaria”. Argumentó que con la aprobación de la Ley Núm. 282-2016, la Asamblea Legislativa implementó en nuestra jurisdicción que los adquirentes voluntarios de propiedades sometidas al sistema de control de acceso, les recae la obligación de pagar y aportar al sostenimiento del control del mismo mediante el pago de las cuotas de mantenimiento. Asimismo, expuso que el término adquirente voluntario incluyó no sólo a los que advengan titulares de propiedades bajo control de acceso, sino que, a todo comunero mediante una participación alícuota en común proindiviso, sin limitarse a los herederos o legatarios. Expuso que estos adquirientes tendrían las mismas responsabilidades de pago de las cuotas de mantenimiento de la propiedad concerniente desde el momento que advengan titulares o comuneros, como si fueran propietarios adquirentes.

Procedió entonces a argumentar que un Panel Hermano de este Tribunal resolvió una controversia similar en G.H.S., Inc. v. Sucesión De Roberto Edmond Lincoln Walker, caso núm. KLAN201700497. Expuso que allí se resolvió que los demandados adquirientes por herencia tenían que pagar las cuotas de mantenimiento desde el 10 de septiembre de 2016 (fecha de aprobación de la Ley Núm. 182-2016), pero no estaban obligados a pagar cuotas anteriores a dicha fecha, aplicando los efectos de la referida enmienda prospectivamente. En fin, alegó que la radicación de la “Demanda” por parte de CVV era conforme lo resuelto por el Panel Hermano en G.H.S., Inc. v. Sucesión De Roberto Edmond Lincoln Walker, supra.

El mismo 19 de agosto de 2022, la señora Green López presentó “Moción en Solicitud de Desestimación”. Expuso que la enmienda incorporada por la Ley Núm. 182-2016, afectó a toda persona que heredó o advino titular de una propiedad, a partir de la vigencia del estatuto. Sostuvo que el lenguaje utilizado no estuvo dirigido a las personas que fueran propietarias desde antes de la vigencia de la enmienda a la Ley. De igual forma, la Apelada expresó que la intención legislativa fue diferenciar la aplicabilidad de la Ley Núm. 182-2016, al establecer la frase “que advenga titular de la propiedad” y que si el Legislador hubiese querido aplicarlo de igual forma al adquirente, conforme las disposiciones anteriores a la enmienda, el lenguaje utilizado hubiera sido “desde que advino titular de la propiedad” o “comenzarán a pagar desde la vigencia de esta Ley los que hayan advenido titular de la propiedad mediante la legislación anterior”.

Presentadas las correspondientes mociones en oposición, el TPI emitió Sentencia el 23 de septiembre de 2022, notificada y archivada en autos el 4 de octubre de 2022. Mediante la misma, el foro primario declaró Ha Lugar la moción de desestimación presentada por la señora Green López y desestimó la “Demanda” incoada por CVV. De igual forma, aclaró que los hechos que dieron lugar a la Sentencia emitida por el Panel Hermano en G.H.S., Inc. v. Sucesión De Roberto Edmond Lincoln Walker, supra, eran altamente distinguibles, puesto que la señora Green López advino titular de la Propiedad antes de que entrara en vigor la Ley Núm. 182-2016.

En cambio, sostuvo el foro primario, que en el referido caso los herederos no habían aceptado sus correspondientes participaciones al momento de entrar en vigor el estatuto. Además, expresó que la Ley Núm. 182-2016 no era de aplicación retroactiva y que la responsabilidad de pago aplicaría a aquél que adviniera titular de la propiedad. Finalmente, expresó el foro a quo que, aún si se acogiera la interpretación de CVV, sus propios actos impedían reclamar el cobro a la Apelada. Toda vez que renunció a ello al dejar de cobrar las cuotas de mantenimiento por más de 25 años y que la aprobación de la Ley Núm. 182-2016, no tiene el efecto...

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