Sentencia de Tribunal Apelativo de 27-08-2024, número de resolución KLCE202400574

Fecha de la decisión27 Agosto 2024
PartesGretchen Marie Hernandez Rivera v. Noah Kamil Assad Byrne
LEXTA20240827-011 - Gretchen Marie Hernandez Rivera v. Noah Kamil Assad Byrne

LEXTA20240827-011 - Gretchen Marie Hernandez Rivera v. Noah Kamil Assad Byrne

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

GRETCHEN MARIE HERNÁNDEZ RIVERA

Recurrida

v.

NOAH KAMIL ASSAD BYRNE

Peticionario

KLCE202400574

Certiorari

procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan

Caso Núm.:

SJ2022CV02256

Sobre: Liquidación de Comunidad de Bienes

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, el Juez Rivera Torres, la Juez Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Campos Pérez, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2024.

Comparece la parte demandada y peticionaria, Sr. Noah Kamil Assad Byrne (señor Assad Byrne), mediante un recurso discrecional de certiorari. Solicita la revocación de la Resolución bajo la Regla 36, Enmendada en Reconsideración, Enmendada Nunc Pro Tunc, notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), el 8 de mayo de 2024. En el referido dictamen, el TPI declaró sin lugar la petición desestimatoria y la solicitud de sentencia sumaria instada por el compareciente. En consecuencia, ordenó la continuidad de los procedimientos en el pleito incoado por la parte demandante y recurrida, la Sra. Gretchen Marie Hernández Rivera (señora Hernández Rivera).

Anticipamos la denegación de la expedición del auto de certiorari, por los fundamentos que expondremos.

I.

La causa presente se inició el 23 de marzo de 2022, ocasión en que la señora Hernández Rivera presentó una Demanda sobre división de bienes en comunidad en contra del peticionario y varias personas jurídicas.[1] El 8 de noviembre de 2024, la demandante enmendó la reclamación y prescindió de los entes jurídicos.[2] Reclamó al señor Assad Byrne la división de la comunidad de bienes presuntamente creada entre ambos, a través de una relación de concubinato more uxorio.

En esencia, la demandante afirmó que cohabitó con el demandado de manera pública, notoria y con expectativa de permanencia, hasta la separación de la pareja, advenida luego de una década de relación. Expresó que conformaban un matrimonio consensual, sin la formalidad legal, pero constituido mediante un pacto expreso e implícito. Narró que fijaron la fecha de matrimonio para el 18 de diciembre de 2021, pero el demandado se retractó.

Indicó que, producto de su relación, las partes crearon conjuntamente negocios y adquirieron propiedades.[3] Sostuvo que todo el andamiaje de negocios e inversiones se llevó a cabo en virtud de un acuerdo pactado entre ellos. Expuso que ambos decidieron formalizar los negocios en varios entes corporativos dirigidos a la industria de entretenimiento, a saber: MEG Music LLC, Risamar Publishing LLC, RSM Publishing LLC, Rimas Nation LLC, Mares Management LLC, Rimas Entertainment LLC y GMESPR LLC, éste último dedicado a la compra, desarrollo, alquiler y venta de propiedades inmuebles. Posteriormente, las entidades jurídicas se diversificaron con la apertura de dispensarios de cannabis y restaurantes. En fin, enunció que, al comienzo de la relación sentimental, eran dos jóvenes sin bienes, pero con deseos de superación. “[J]untos, con su esfuerzo, aportaciones personales e intelectuales, labor y trabajo conjunto, fueron creando, desarrollando y levantando sus diferentes negocios y empresas hasta lograr el éxito”.[4]

El señor Assad Byrne instó Contestación a la Demanda Enmendada y Reconvención.[5] En síntesis, el demandado negó la participación y contribución de la demandante en las empresas y rechazó la existencia de una comunidad. Aseveró que los entes jurídicos mencionados eran de su dominio y pertenecían a las personas que surgían de sus propios acuerdos operacionales. En éstos, apuntó que no figuraba la señora Hernández Rivera. En sus defensas afirmativas reiteró la inexistencia de un pacto expreso o implícito, así como la incompatibilidad de la doctrina con el ordenamiento civilista.[6]

De otra parte, en su Reconvención, al palio de la Regla 59 de Procedimiento Civil,[7] que versa sobre la sentencia declaratoria, solicitó al TPI una declaración en torno a que entre los contendientes no existió una comunidad de bienes sobre las unidades de participación de ninguna compañía o los bienes inmuebles; ni que se configuró una comunidad de bienes por pacto alguno entre las partes.

Por igual, entre los más de doscientos enunciados esbozados, el señor Assad Byrne alegó que la señora Hernández Rivera se apropió de $158,637.16 de una cuenta bancaria para pagar una tarjeta de crédito personal. El demandado, al amparo de la doctrina de enriquecimiento injusto, adujo un correlativo empobrecimiento y reclamó el pago de $265,641.94.

La señora Hernández Rivera replicó la Reconvención instada.[8] Planteó en general sus negativas en aquellos enunciados que la excluían de su participación en los negocios. Con relación a la suma dineraria reclamada, la demandante sostuvo que cualquier cuantía constituyó un uso y gasto autorizado por las partes para sufragar las necesidades de la familia, conforme con el estilo de vida acostumbrado. En sus defensas afirmativas, la señora Hernández Rivera ripostó que el demandado pretendía ignorar los acuerdos allegados. En la alternativa, alegó un “monumental enriquecimiento injusto” y abuso de su confianza por parte del señor Assad Byrne. Además, imputó que el demandado estaba dilapidando, escondiendo y transfiriendo los haberes para evitar que tuviera acceso al producto del alegado concubinato more uxorio habido entre las partes.

Así las cosas, el señor Assad Byrne interpuso un Escrito en cumplimiento de Orden: Solicitud de Desestimación y Solicitud de sentencia sumaria.[9] En éste abogó por un quantum de prueba clara, robusta y convincente para dirimir la existencia de una comunidad originada en el concubinato. Primero, solicitó la desestimación de la reclamación de la señora Hernández Rivera porque no se justificaba la concesión de un remedio a su favor. Segundo, peticionó la resolución abreviada del caso. Para esto, consignó las controversias del pleito y 176 determinaciones fácticas, incluyendo hallazgos periciales. Unió también varios documentos (algunos ilegibles) entre los que se encuentran escritos judiciales; una trilogía de deposiciones tomadas a la demandante; planillas de contribución sobre ingresos; documentos relacionados con la venta de eventos y lista de talentos; acuerdos operaciones y certificaciones corporativas; escrituras públicas, entre éstas, la número 7 de 10 de mayo de 2019, sobre la compraventa de un inmueble en Guayama por parte de la demandante; informes periciales; y declaraciones juradas. A base de lo anterior, insistió en que no existía una comunidad de bienes entre los contendientes; ni se había configurado un pacto expreso o implícito, capaz de establecer una comunidad de bienes entre ambas partes.

Por su parte, la señora Hernandez Rivera se opuso a ambas peticiones.[10] Tildó de improcedente la pretensión de variar el estándar de prueba requerido; así como los fundamentos de las solicitudes desestimatoria y sumaria. En cuanto a la petición por la vía de apremio, la demandante esbozó las controversias del pleito y unió documentos, tales como planillas de contribución sobre ingresos, una declaración jurada, un mensaje de texto, copia de una tarjeta de identificación de Costasur; una tarjeta de crédito; y un informe pericial. Incluyó la escritura pública número 15, otorgada luego de instado el pleito de autos el 21 de abril de 2022, sobre una compraventa de un inmueble sito en San Juan, en el que presuntamente vivió la expareja con sus dos hijas y en el que el señor Assad Byrne, al mismo tiempo, fungió como vendedor y representante de la persona jurídica compradora: Tívoli D1 LLC. La propiedad había sido adquirida por el señor Assad Byrne, mediante la escritura pública número 210 de compraventa, otorgada el 23 de agosto de 2018.

A su vez, dio por incontrovertidos 116 determinaciones propuestas por el demandado. Si bien no controvirtió las restantes determinaciones, la demandante expuso que el litigio no debía dirimirse por el mecanismo sumario, toda vez que comprende cuestiones de credibilidad como factor esencial.

El señor Assad Byrne replicó;[11] y la señora Hernández Rivera presentó una dúplica.[12]

Ponderados los escritos de las partes litigantes, el TPI emitió una Resolución bajo la Regla 36.4, notificada el 6 de marzo de 2024.[13] El dictamen fue objeto de sendas solicitudes de reconsideración por ambas partes.[14] Por consiguiente, el TPI dictó la aquí impugnada Resolución bajo la Regla 36, Enmendada en Reconsideración, Enmendada Nunc Pro Tunc.[15] En su pronunciamiento, el TPI consignó 60 determinaciones de hechos, principalmente, originadas en las admisiones de las partes y en la evidencia documental admisible. De igual modo, el TPI estableció las siguientes 8 controversias que impedían la resolución sumaria:

1. Si Hernández aportó bienes, dineros o servicios para la compra o adquisición de activos adquiridos a nombre de Assad o alguna de las empresas en que éste es accionista, socio o miembro.

2. Si, por el contrario, entre el 2021 y el 2022, Hernández se apropió de dinero de Assad para su uso personal, no atribuible a las cargas familiares proporcionales.

3. Si Hernández aportó trabajo o esfuerzos a los negocios familiares ya fuera en calidad de empleada o en calidad de comunera.

4. La existencia o inexistencia de una comunidad de bienes, sea porque así se hubiese convenido expresamente, o sea porque la conducta de las partes —la relación humana y económica entre ellas— demuestra que se obligaron implícitamente a aportar, y aportó cada una bienes, esfuerzo y trabajo para beneficio común.

5. Si, como alega la Demandante, el Demandado y ella acordaron establecer una comunidad de bienes que comprendiera todos los activos...

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